SPJ-USO: BOLAÑOS COMPROMETE EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA CON EL IMPROVISADO MODELO DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA.
24 de junio de 2025.- El próximo 1 de julio se inicia la primera fase de la implantación del nuevo modelo de la Administración de Justicia fundamentado en los Tribunales de Instancia: una bomba de humo auspiciada por el Ministerio de Justicia bajo el paraguas de la llamada Ley de Eficiencia. En palabras del propio ministro Félix Bolaños, esta reforma pretende dejar atrás las estructuras decimonónicas de 1835 para impulsar una Justicia moderna. Sin embargo, bajo la brillante retórica institucional se esconde una realidad muy distinta: prisas, improvisación, carencias materiales y un preocupante retroceso en el servicio público y en los derechos laborales de los empleados públicos.
Desde SPJ-USO, no podemos dejar de denunciar que la puesta en marcha de la primera fase de este nuevo modelo ya evidencia, mucho antes de arrancar, una implementación precipitada, sin los medios técnicos, humanos ni presupuestarios mínimos para asegurar un funcionamiento digno y eficaz. La propaganda ministerial, más centrada en el escaparate político que en las necesidades reales del sistema, choca frontalmente con la experiencia cotidiana del personal de Justicia y, sobre todo, con las consecuencias que sufrirán directamente los ciudadanos.
Uno de los ejemplos más flagrantes de esta desconexión entre discurso y realidad tiene su epicentro en los actuales Juzgados de Paz, los cuales pasarán a denominarse Oficinas de Justicia. Lejos de estar preparados para asumir sus nuevas competencias, estos centros de trabajo arrastran un lastre tecnológico incompatible con las exigencias de la reforma: equipos informáticos incompatibles, versiones obsoletas de Windows e impresoras básicas que no permiten ni el escaneado a doble cara ni la digitalización de documentos manuscritos, lo cual dificulta de forma extrema, cuando no imposibilita, la tramitación de las peticiones de la ciudadanía, que se enfrenta así a retrasos injustificables y a una prestación del servicio absolutamente deficitaria.
La plataforma DICIREG, piedra angular del nuevo modelo de Registro Civil, tampoco está a la altura: su capacidad de almacenamiento es limitada y las caídas del sistema son frecuentes y exigen reinicios continuos que paralizan el
trabajo. En algunas oficinas, ni siquiera es posible instalar el sistema por falta de recursos técnicos, a lo cual se suma la ausencia de certificados digitales profesionales para el personal de Justicia, que no tiene más remedio que usar sus certificados personales, comprometiéndose así la seguridad y la legalidad en el tratamiento de los datos.
A estos fallos estructurales se suma una reorganización del personal que, lejos de mejorar la eficiencia, la pone en serio peligro. De momento, en esta primera fase, la nueva distribución orgánica de los ahora llamados Servicios Comunes Generales supondrá en no pocos partidos un retraso más que considerable en la ejecución de los desahucios, así como un vacío en el servicio de atención e información a la ciudadanía, según nos alertan fuentes de estos mismos servicios.
Y sin embargo, si esta gran marea de catastróficas desdichas es preludio ya de la inminente implantación del nuevo modelo en los partidos judiciales más sencillos, ¿qué no ocurrirá cuando el rodillo de esta reforma incompleta, improvisada e infradotada se cierna sobre los grandes partidos judiciales?
Con todo ello, desde SPJ-USO no podemos dejar de denunciar, igualmente, la pasividad, cuando no complicidad, de las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia que, a la vista de la debacle que está por venir, no hacen por solicitar un responsable aplazamiento de cara a la implantación de este modelo de Justicia que hace aguas antes de nacer.
Ni que decir tiene que entre las bambalinas de este teatro de modernidad y eficacia se consuma una merma del servicio público y un retroceso en los derechos laborales del personal al servicio de la Administración de Justicia, devolviéndolos a dinámicas propias del siglo pasado en las que la movilidad se perpetraba de manera arbitraria y las competencias de la superioridad se delegaban a coste cero: la lógica de eficiencia no puede ser la coartada para precarizar condiciones laborales ni para ignorar la realidad de quienes hacen posible, día tras día, que la Justicia funcione por encima de la cartelería y las nuevas nomenclaturas de Bolaños y sus titulares grandilocuentes, que no hacen más que servir de cortina de humo a una reforma precaria, improvisada y hueca.
NOTA DE PRENSA EN PDF: 250624 – NOTA DE PRENSA – BOLAÑOS COMPROMETE EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA CON EL IMPROVISADO MODELO DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA.
Enlaces de la nota de prensa publicada en los diferentes medios: Entran en funcionamiento 7 Tribunales de Instancia en Málaga para reducir los tiempos | Andalucía Información. Todas las noticias de Almería (andaluciainformacion.es)
