COMITÉ SECTORIAL
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
-14/10/2021-
15/10/21.- Desde SPJ-USO, ponemos en vuestro conocimiento los temas que en el día de ayer se abordaron en el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Justicia de Andalucía:
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– ESTADO DE IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE PREVENCIÓN
Por parte de la Administración, se nos informa sobre el estado de los compromisos alcanzados sobre los espacios de prevención insertos en el Portal Adriano, la formación para los delegados de prevención y los comités de acoso, el protocolo para la implantación de planes de emergencia y evacuación, el protocolo para la realización de evaluaciones psicosociales, las aplicaciones informáticas para la consulta de documentación preventiva, los protocolos de actuación en los IMLs, el informe sobre la diversidad de género en la Administración de Justicia, el plan de acogida del personal funcionario con discapacidad y el plan de movilidad de la Administración de Justicia.
En cuanto a la revisión de la guía de medidas preventivas frente al COVID, la Administración pone de manifiesto que, a pesar del levantamiento de las restricciones en determinados ámbitos, su posicionamiento es el de no modificar dicho documento por exigencia normativa, habida cuenta de que aún no se ha declarado el final de la pandemia y perdura, por consiguiente, la aplicación del art. 7 de la Ley 2/21 de 29 de marzo, que regula las medidas restrictivas para los centros de trabajo, un ámbito que no compete a las Comunidades Autónomas.
Desde SPJ-USO, nos parecen correctas las explicaciones dadas por el coordinador de la unidad de prevención de riesgos laborales y queremos agradecer el trabajo que se está realizando al respecto. Nos parece apropiado, debido a la amplitud de temas pendientes, fechar una sesión a fin de poder analizar en profundidad cada uno de ellos, así como la documentación referente.
Igualmente, entendemos desde SPJ-USO que la formación a los delegados de prevención debería ser extensible a aquellos delegados de prevención que no forman parte del comité, a lo que el coordinador de la unidad de prevención responde que su propuesta es, efectivamente, extender dicha formación al resto de delegados de prevención y resto de miembros de las juntas de personal que quieran formarse.
Por lo demás, echamos en falta la planificación de la elaboración del protocolo o procedimiento de resolución de conflictos (para la prevención de violencia relacional) que SPJ-USO solicitó en la mesa de negociación celebrada el pasado día 9 de septiembre y en la que, por parte de la unidad de prevención de riesgos laborales, se indicó que estaba contemplada su elaboración dentro del nuevo plan, un tema que será incluido en la referida sesión pendiente de fecha.
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– SITUACIÓN DE LOS TÉCNICOS ASESORES DE PREVENCIÓN
Por parte de la Administración, se pone de manifiesto que las plazas de tales técnicos se cubrirán por concurso y de manera titularizada en torno a primavera. En cuanto a las plazas del plan de choque creadas con carácter provisional en Córdoba, Granada y Jaén, se suprimirán una vez que se proceda a la cobertura por medio del concurso referido. En cuanto a Huelva y Cádiz, se encuentran en periodo de recepción de solicitudes, si bien parece complicada su cobertura puesto que aún no han llegado solicitudes desde la propia delegación, único supuesto que permitiría la cobertura sin necesidad de una autorización de salida. En cuanto a Almería, Málaga y Sevilla, ya constan desiertas por no haberse autorizado la salida a quienes se las han adjudicado. Al igual que se hizo en febrero, se dispondrá de crédito para contratar un servicio de prevención durante los seis y ocho meses que mediarán hasta la toma de posesión.
Hay cinco provincias cuya cobertura no va a ser posible, algo que se veía venir desde el pasado comité de 17 de mayo cuando SPJ-USO preguntó sobre la posibilidad de que no se cubriesen dichas plazas y, en su caso, que se estudiase la prórroga de dichos contratos a fin de que no aconteciera, tal y como ocurrió el año pasado, que se quedaran sin cubrir por falta de autorización de la Consejería correspondiente a pesar de haber sido adjudicadas.
En conclusión, la situación es inaceptable ya que, desde noviembre y hasta que, en su caso, se cubran dichas plazas por concurso, nos encontramos sin técnicos de prevención por falta de previsión por parte de la Administración, una situación más que anunciada por nuestro sindicato.
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– FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS PROVINCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD
Por parte de la Administración, se recuerda que ya se ha propuesto a las provincias que se convoquen los comités provinciales con la regularidad precisa.
Desde SPJ-USO, dejamos de manifiesto las anomalías que acontecen en dos comités provinciales de seguridad y salud:
- GRANADA: Desde que se celebraron las elecciones en la Administración de Justicia allá por junio de 2019, no se han nombrado a los delegados de prevención titulares y suplentes de dicha provincia y, según el resultado de dichas elecciones, a SPJ-USO le corresponde un delegado de prevención (a tal efecto se presentó escrito en fecha 4 de octubre) por criterios de representación y en virtud de lo dispuesto en el acuerdo de 8 de abril de 2014.
- CÁDIZ: En su comité provincial está designado como delegado de prevención un delegado que si bien originariamente tenía destino en Cádiz, en virtud del último concurso se encuentra destinado en otra provincia, lo cual entendemos como una anomalía ya que ello implica que debiera nombrarse un nuevo delegado del ámbito provincial correspondiente.
Por parte de la Administración, en relación a Cádiz, se informa de que tales cuestiones se elevarán a la mesa técnica dando respuesta a través de correo electrónico.
En cuanto a Granada, la Administración responde que, según le informan desde la Secretaría Provincial, dicho nombramiento no se ha actualizado por cuanto que en dicha provincia la práctica es que los nombre la mesa técnica, si bien es la única provincia donde se sigue esta práctica.
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– VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL FUNCIONARIO
Por parte de la Administración se recuerda que los centros de prevención de riesgos laborales, desde antes de la pandemia ya se dotaron de unidades básicas de vigilancia de la salud dotadas de efectivos. Actualmente, siguen sin dar respuesta acerca cuándo podrá reanudarse las revisiones generalizadas al personal de Justicia.
Desde SPJ-USO, no nos parece de recibo que los reconocimientos médicos que debían de efectuarse a los funcionarios de la Administración de Justicia sigan sin realizarse, ya que hay provincias en las que no se han llevado a cabo desde 2015, siendo una indiscutible e ineludible obligación de la Consejería garantizar la vigilancia de la salud del personal de Justicia en Andalucía, tal y como lo indica el art. 22 de la LPRL. No es suficiente, por tanto, remitir las solicitudes de reconocimiento médico a los centros de PRL ni acaba ahí su responsabilidad. Desde SPJ-USO, solicitamos que desde la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal se adopten cuantas medidas sean necesarias para que se lleven a cabo dichos reconocimientos médicos, se realicen los requerimientos necesarios a los organismos pertinentes y se impulsen las gestiones necesarias sin olvidar que tales garantías y salvaguardas son responsabilidad de la Administración para su personal de Justicia y que se está incumpliendo con su carencia la normativa vigente.
Como medida para intentar paliar dicha deficiencia, desde SPJ-USO proponemos que se consense un documento en el seno del comité sectorial, que podría realizarse por el coordinador de la unidad de prevención, y que éste sea dirigido a la Dirección General de Trabajo a fin de poner solución a esta inaceptable situación. Por parte de la Administración, se manifiesta que tal documento debería acordarse en el seno del comité. A tal efecto, se acuerda que por parte del coordinador de la unidad de prevención se prepare a tal efecto un borrador del que se dará traslado a las representaciones sindicales.
Igualmente, desde SPJ-USO, interesamos unidades móviles/itinerantes para la práctica de los reconocimientos médicos en partidos judiciales lejanos a las capitales.
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– INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES AL PROTOCOLO DE AGRESIONES EXTERNAS Y ACUERDO PARA SU REMISIÓN A LA MESA SECTORIAL
Habiendo sido estimadas nuestras alegaciones, desde SPJ-USO se da el visto bueno al protocolo de prevención de actuación ante situaciones de violencia externa en el trabajo, un protocolo que ya solicitamos por escrito de fecha 26 de julio.
Nos llama la atención que en dicho protocolo (alegación nº 12 incorporada), se indique la necesidad de crear unidades de atención e información a la ciudadanía de manera centralizada. Recordemos que SPJ-USO lleva solicitando desde el inicio de la pandemia la creación de “puntos de información” situados fuera de las secretarías de las oficinas judiciales que evitasen que los ciudadanos y profesionales accedieran al puesto de trabajo del funcionario si era evitable, reiterando nuestra petición no sólo como medida preventiva frente al covid sino, además, como medida preventiva frente a situaciones de riesgo por violencia externa.
Asimismo, la alegación nº 13, relacionada con la nº 48, vuelve a poner énfasis en la necesidad de un sistema de cita previa que controle el acceso de los usuarios a los puestos de trabajo del personal de justicia y, en dicho contexto, formulamos nuestra queja formal ante el retraso del sistema de cita previa anunciado y nunca creado, tanto más cuando ya existen sistemas de cita previa en administraciones de la Junta de Andalucía.
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– INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
Por parte de la Administración se comentan los cuatro nuevos proyectos de sedes judiciales en Algeciras, Osuna, Estepona y Alcalá de Guadaira. Se prevé que, tras la adjudicación de las obras, en torno a finales de noviembre o principios de diciembre comiencen, con un plazo de ejecución de 28 meses, las obras de las nuevas sedes judiciales de Lucena. También se llevarán a cabo obras de adecuación del local en el juzgado de Violencia sobre la mujer de Algeciras. En cuanto al edificio de San José de Cádiz, ya se han iniciado obras de saneamiento. En cuanto a San Fernando, se prevé hacer un juzgado nuevo en las ubicaciones del Registro Civil, que se trasladará a un nuevo arrendamiento. En cuanto a San Roque, se van a ampliar las dependencias del servicio común. En relación a las salas de los Juzgados y Fiscalías de menores de Granada, se ha ubicado un biombo a fin de garantizar la protección y las reservas de las actuaciones llevadas a cabo en las salas de vistas de modo provisional, si bien se está estudiando cómo implantar de manera más efectiva dicha salvaguarda. En el mes de diciembre se prevé el traslado total de los juzgados de Almuñécar a una nueva ubicación. En Villacarrillo está prevista la reparación de la cubierta de las sedes judiciales. Respecto a Torremolinos, se va a instalar de inmediato en las sedes de Avda. Palma de Mallorca 22 y 24 sistemas de renovación del aire, y en el nº 41 se van a habilitar para el público los aseos de la planta primera. En Archidona se ha reparado la cubierta y pintado el edificio que alberga las sedes judiciales. En cuanto a las nuevas sedes de Málaga capital, se sumarán dos juzgados de lo Contencioso en las sedes del TSJ, ubicándose los nuevos juzgados Social 14 y Mercantil 3, que estarán en funcionamiento a 31 de diciembre. En cuanto a Marchena, se ha buscado un arrendamiento para sus sedes judiciales que pretende firmarse antes de que acabe el año.
Por parte de SPJ-USO, interesamos que se dé la máxima celeridad a los procesos de reforma de los nuevas instalaciones de las sedes judiciales, si bien haciendo expresa mención de que hay sedes en las que no es factible la modificación habida cuenta de su reducido espacio, lo cual impide, por ejemplo, la negociación de las RPTs.
En cuanto a Torremolinos, el tema de los aseos es esencial, habida cuenta de que el servicio común no cuenta en su planta con ninguna zona de servicio, debiendo trasladarse a la primera planta, donde se ubican los aseos del público asistente a las vistas o a la segunda. A nuestra solicitud de instalar una cabina de aseo en el patio interior de la primera planta, la Administración responde que no es posible puesto que carecen del permiso para ello. Según se nos indican por parte de la Administración, los aseos de la primera planta serán los destinados al público mientras que los de la segunda serán para uso exclusivo del personal de Justicia. Por lo demás, recordamos que Torremolinos sigue pendiente de su nuevo edificio judicial.
Igualmente, en relación a Archidona, recordamos que su sede judicial sigue pendiente de permuta con un edificio del Ayuntamiento, una permuta a la que se opone SPJ-USO por cuanto que, según nos indican compañeros de Justicia, la nueva ubicación se inserta en una zona que se refiere como conflictiva. Del mismo modo, recordamos que las sedes judiciales de Posadas y Puente Genil padecen problemas de limpieza.
Interesamos la máxima celeridad a la hora de señalar qué juzgados de lo Contencioso Administrativo, además del número 8, saldrán de la Ciudad de la Justicia de Málaga a fin de poder garantizar a los compañeros su ubicación definitiva antes de que terminen los plazos del recientemente publicado concurso de traslados. La Administración, en este punto, recuerda que las ubicaciones que dejen estos dos juzgados de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de la Justicia serán ocupadas por el nuevo juzgado de lo Social nº 14 y por el Mercantil nº 3.
Por parte de la Administración, se indica la intención de potenciar los expurgos a los fines de aclarar la falta de espacio de los archivos que contienen los expedientes judiciales, siendo su intención realizar dos expurgos al año, en lugar de uno, y potenciar la digitalización.
Respecto al nuevo Adriano, la Administración refiere que está resolviendo las últimas incidencias con vistas a comenzar la experiencia piloto en los juzgados de lo Social y lo Contencioso de Jerez el 1 de noviembre, una experiencia que se iniciará la primera semana con formación, la segunda semana con implantadores en las sedes judiciales, la tercera semana cerrando el Adriano antiguo y trabajando con implantadores en sede y, ya en la cuarta semana, potenciando el trabajo autónomo del personal de Justicia con la nueva aplicación.
La Administración recuerda que, desde el 1 de octubre, está disponible el sistema de cita previa en 24 Registros Civiles de Andalucía y que, posteriormente, de manera progresiva, se irá instalando en el resto de Registros y órganos judiciales. Desde SPJ-USO recordamos que ha pasado tiempo más que considerable desde que comenzó la pandemia y que todavía seguimos sin sistemas de cita previa implantados y, por consiguiente, sin control de los aforos.
Finalmente, desde SPJ-USO interesamos la dotación de auriculares telefónicos para el personal de Justicia ubicado en órgano donde dicho servicio prolifera, como es el caso, por ejemplo, de los Registros Civiles; así como que se renueve la formación al personal competente para el uso de los desfibriladores ubicados en las sedes judiciales.
