CAOS ORGANIZATIVO Y ABANDONO INSTITUCIONAL
En el día de ayer, se implantó la PRIMERA FASE del Tribunal Único de Instancia en 13 partidos judiciales de Asturias y 17 Juzgados de Paz que se transforman en oficinas de justicia en los municipios.
-
-
- CANGAS DE ONÍS
- CANGAS DE NARCEA
- CASTROPOL
- GRADO
- LAVIANA
- LENA
- LLANES
- PILOÑA
- PRAVIA
- SIERO
- TINEO
- VALDÉS
- VILLAVICIOSA
-
-
-
- RIBADESELLA
- PARRES
- GRANDAS DE SALIME
- TAPIA DE CASARIEGO
- VEGADEO
- CABRALES
- NAVA
- CUDILLERO
- BOAL
- NAVIA
- COLUNGA
- BELMONTE DE MIRANDA
- SALAS
- TEVERGA
- CASO
- SAN MARTÍN DE REY AURELIO
- ALLER
-
Desde SPJ-USO hemos denunciado públicamente, ante la TPA y ante un escrito a la Viceconsejera de Justicia, la grave situación de desorganización e improvisación con la que se ha iniciado este proceso.
Los funcionarios se están viendo obligados a trasladar físicamente expedientes de un habitáculo a otro, cuando esta labor debería estar externalizada y ser asumida por una empresa especializada. Este traslado, además de ser una sobrecarga de trabajo inasumible, no garantiza la correcta custodia ni trazabilidad de los documentos.
Todo el personal de auxilio judicial aún no dispone de credenciales para poder operar en el nuevo sistema, lo que impide el correcto desarrollo de sus funciones. Además, los profesionales que acuden al juzgado o llaman solicitando información, los funcionarios, al tener ahora cometidos nuevos, no saben a quién remitir las consultas concretas.
El sistema informático Minerva, lejos de haberse adaptado a la nueva estructura, sigue registrando las demandas y asignándolas a juzgados que, a efectos prácticos, ya no existen. Esta disfunción está provocando confusión y bloqueo en la tramitación de asuntos.
Desde nuestro sindicato exigimos a la Viceconsejería de Justicia que declare al menos tres días inhábiles con carácter urgente para que el personal pueda reorganizar sus puestos de trabajo, adaptarse a las nuevas funciones y asegurar un mínimo de operatividad y garantía para los ciudadanos.
No se puede exigir eficacia en la justicia sin dotarla de medios y planificación. La transición al Tribunal Único no puede hacerse a costa de los trabajadores ni de los derechos de los usuarios del servicio público de justicia.
