Desde SPJ-USO, ponemos en vuestro conocimiento la presentación del siguiente escrito por parte de nuestro Secretario Nacional de Organización:
SR. MINISTRO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
JULIO BOUZA BOUZA, Secretario de Organización del Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera (SPJ-USO), en representación del mismo, ante ese Ministerio comparece y como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
PRIMERO: Que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de eficiencia del servicio público de justicia, en su Disposición Transitoria Quinta, prevé la posibilidad de que la implantación de la Oficina Judicial, de forma simultánea a la de los Tribunales de Instancia, pueda establecer una fecha diferente para su puesta en marcha en aquellos territorios donde concurran circunstancias excepcionales relativas a infraestructuras o medios tecnológicos, lo que podrá ser acordado en el seno de la Conferencia Sectorial de la Admón. de Justicia.
SEGUNDO: Que la implantación de la tercera fase afecta a los partidos judiciales de mayor volumen organizativo y carga operativa, siendo por tanto la etapa de mayor complejidad, impacto estructural y repercusión en la estabilidad del servicio y de los/las trabajadores/as.
TERCERO: A día 5 de noviembre de 2025, no se han publicado aún las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) ni se ha iniciado la tramitación de los concursos específicos en gran parte de los territorios. Todo ello, unido a la manifestada intención de las Administraciones de ejecutar de manera simultánea y acumulada los procesos de libre designación, concurso específico y confirmaciones, introduce un riesgo cierto de desorganización, solapamiento de plazos, errores administrativos y alta rotación de personal en un mismo momento, lo que afectaría directamente al normal funcionamiento de las sedes judiciales y, en consecuencia, al propio servicio público.
CUARTO: Asimismo, las experiencias derivadas de la primera y segunda fase de implantación —especialmente en lo relativo a la reconfiguración de usuarios, perfiles y accesos en los sistemas de gestión procesal y otras aplicaciones corporativas— evidenció incidencias significativas que produjeron ralentización de la actividad, paralizaciones temporales y sobrecarga de los equipos técnicos.
QUINTO: En este sentido, no consta la previsión ni dotación reforzada del personal informático, ni del personal de apoyo en las Delegaciones/Gerencias de Justicia, cuya intervención es imprescindible en la fase crítica de reorganización interna y puesta en funcionamiento efectiva de las nuevas oficinas.
SEXTO: Del mismo modo, a la fecha de hoy, no se han publicado los Protocolos de Actuación que deben definir las funciones, coordinación operativa interna y circuitos de trabajo entre los nuevos servicios y unidades. Sin tales protocolos, la transición organizativa carecería de las garantías mínimas de estabilidad, seguridad y homogeneidad funcional.
SÉPTIMO: Igualmente, en el día de hoy, se ha publicado un Comunicado de los los/as Jueces Centrales de la Audiencia Nacional y Decanos/as de los Partidos Judiciales integrados en la tercera fase para la constitución de los Tribunales de Instancia, en el cual manifiestan su preocupación por el estado actual de su implantación y el escaso margen de tiempo previsto para la misma.
OCTAVO: Por todo ello, concurren las circunstancias excepcionales previstas en el último párrafo de la Disposición Transitoria Quinta, referidas tanto a infraestructuras como a medios tecnológicos y humanos, que justifican la solicitud de aplazamiento.
Y por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que por ese Ministerio de Justicia se promueva ante la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia el acuerdo para fijar una fecha posterior para la implantación efectiva de la tercera fase de los Tribunales de Instancia y de la Oficina Judicial que da soporte a los mismos, manteniéndose entretanto el régimen organizativo actualmente vigente, hasta que :
1. Se negocien y se publiquen todas las RPT´S de acuerdo con la Ley.
2. Se tramiten y resuelvan los procesos de provisión sin solapamientos impropios.
3. Se refuercen los equipos técnicos informáticos y de apoyo en las Delegaciones/Gerencias de Justicia.
4. Se aprueben y difundan los protocolos de actuación internos y funcionales.
5. Existan garantías suficientes de estabilidad operativa para los órganos, personal y ciudadanía.
Todo ello, en aras a preservar la seguridad jurídica, la continuidad del servicio, la calidad de atención a la ciudadanía y la estabilidad del personal al servicio de la Administración de Justicia
En Málaga a 5 de noviembre de 2025.
Fdo. Julio Bouza Bouza
Secretario de Organización de SPJ-USO
