En mitad de esta tierra de nadie en la que el personal de Justicia sigue cargando sobre sus espaldas con la dureza de una huelga que principió en el mes de abril y que fue suspendida al cuarto mes por la sorpresiva convocatoria de elecciones generales, la prensa nos regala varios titulares:
“Moreno Bonilla se sube el sueldo un 19%, y cobrará 87.333 euros al año. La Junta de Andalucía aprueba un decreto que actualiza los sueldos de los altos cargos con una subida media del 15%”.
Cierto puede ser, tal y como afirma el portavoz de la Junta de Andalucía, que, “con esta subida, Moreno Bonilla equipara su nómina a la media de los presidentes autonómicos, puesto que, hasta ahora, era el penúltimo en España en cuanto a retribuciones, y ello a pesar de que Andalucía es la comunidad con más presupuesto, con más población y la tercera economía del país”.
Pero no menos cierto es el hecho, y a la vista está, de que, si se quiere, se puede, y que las prioridades de un gobierno definen claramente la actitud y la honestidad del mismo. Desde SPJ-USO, no podemos dejar de recordar, por un lado, que el personal de Justicia sigue padeciendo el agravio de una administración clasista que, desde el Ministerio de Justicia, sube de manera inmediata las retribuciones de los mandos mientras ningunea la justa proporcionalidad de la subida de la tropa.
Pero es que, por otro lado, la Junta de Andalucía también nos ningunea subiendo el sueldo de sus altos cargos mientras hace oídos sordos a las devoluciones que, hace ya más de diez años, le fueron detraídas a sus funcionarios públicos en pos del interés general: unas detracciones cuyo abono sigue pendiente, para su vergüenza, tan sólo en Andalucía.
Y cierto pueda ser, también lo decimos desde SPJ-USO, que la dotación presupuestaria que se precise para actualizar el sueldo de Bonilla y sus altos cargos no sea la dotación que pueda cubrir la deuda vencida y exigible que la Junta de Andalucía tiene con los funcionarios andaluces, pero la celeridad y la rapidez en la tramitación de una con respecto de la otra es lo que canta, pues, mientras que los altos cargos se actualizan en un santiamén, ¡a golpes de 19%!, los funcionarios públicos llevamos ya más de diez años mendigando, no ya una subida, sino una justa y reconocida devolución, aunque fuera en cómodas mensualidades cuadradas en calendario. Tiempo han tenido.
Y así, mientras Bonilla se sube el sueldo en Andalucía, cuestión de prioridades, Madrid, por su parte, gobernada por el mismo signo político, cierra a nivel autonómico la actualización del complemento específico para el personal de Justicia y, a la par que Asturias, ultima la negociación de implantación de la carrera profesional para nuestro colectivo, tal y como también se hizo en su día en Galicia: un complemento, el de carrera profesional, que, a pesar de quedar reconocido en la letra de la Ley de la Función Pública Andaluza, su ejecución, de momento, no es más que humo en el más lejano de los horizontes.
Pero es que el Ministerio de Justicia, por su parte, también juega a lo suyo, puesto que, tras la subida que la anterior ministra, la jueza Llop, le gestionó a su colectivo y al de letrados de la Administración de Justicia, el actual equipo ministerial, que conoce perfectamente las pretensiones de los cuerpos generales, no tiene más palabras para éstos que el consabido “que sí, que sí…, que ya hablaremos”, mientras que, entre tanto, otros titulares de prensa con fotografías de la ministra Montero siguen adornando nuestro fin de año:
“Los funcionarios se quedan hasta abril sin subida de sueldo. Dos millones de empleados públicos dejarán de percibir 150 euros de media. Hacienda no aplicará el incremento del 2% a partir de enero para forzar el apoyo de los socios a los Presupuestos”.
Por lo demás, en mitad de estos lodos, y con la que está cayendo, es inevitable concluir que la implicación del personal de Justicia para poner al día el gran colapso judicial generado durante el último año es más que precisa y ha de trabajarse por varias vías, entre las que destaca la recuperación del poder adquisitivo perdido durante los últimos años por medio de la actualización del complemento específico, la implatantación de planes de autorrefuerzo que contribuyan a aliviar el atasco actual, así como con el desarrollo de la carrera profesional.
En este sentido, es de suma urgencia alcanzar en Andalucía y de inmediato un acuerdo sectorial como el que se está negociando en la Comunidad de Madrid a fin de que se avancen las condiciones de trabajo del personal de Justicia y, a la par, se diluya el gran colapso judicial que sufre nuestra comunidad autónoma, un colapso motivado, en parte, por las huelgas que han tenido lugar en 2023.
Por todo ello, desde SPJ-USO hemos presentado un escrito a nuestro Consejero de Justicia, reclamando que impulse cuanto antes, en el seno de la Mesa Sectorial de Justicia de Andalucía, la negociación de dicho acuerdo sectorial de Justicia, que haga que Andalucía no se quede a la cola de los territorios transferidos, a pesar de estar a la cabeza en cuanto a carga de trabajo».
231229 ESCRITO SPJ-USO al CONSEJERO de JUSTICIA RECLAMANDO ACUERDO SECTORIAL EN ANDALUC
2023_12_29_ CIRCULAR QUERER ES PODER
