NOTA DE PRENSA
RESOLUCIÓN DE 8 DE JUNIO DE 2020 SOBRE LA FASE 3 DE LA DESESCALADA JUDICIAL: UN TIRO EN LA NUCA AL DIÁLOGO SOCIAL
Desde SPJ-USO, volvemos a denunciar y a dejar consignada nuestra más enérgica protesta por la falta de negociación real de las condiciones de trabajo del personal de Justicia. La Junta de Andalucía, al son del compás unilateral que marca el Ministerio de Justicia, vuelve a sorprender, tanto al colectivo como a sus representaciones sindicales, con disposiciones precipitadas, ajenas a toda posibilidad de negociación y propuesta de alternativas, con un claro propósito de impedir y obstaculizar nuestra labor como legítimos interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo de los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia.
Si bien, frente a las anteriores resoluciones que han venido regulando la desescalada en la Administración de Justicia, la Junta de Andalucía ha pretendido, al menos, guardar las apariencias desde un escaparate de artificial formalidad, en el caso de la resolución que regula la fase tres llega a perder toda vergüenza al ningunear por omisión y sin pudor alguno la previa convocatoria de la correspondiente Mesa Sectorial en lo que viene a ser un claro tiro en la nuca al diálogo social que viene a viciar la referida resolución con una radical nulidad de pleno derecho.
Entendemos, por consiguiente, que la plena reincorporación del 100% de efectivos en las sedes judiciales se produce no sólo de manera precipitada y sin la debida negociación, sino, además, antes de tiempo y conforme a los ritmos impuestos por un calendario ministerial forzado que no se ha dotado de la flexibilidad necesaria para tomar en consideración las reales circunstancias sanitarias ni las medidas de prevención laboral de obligada observancia para hacer frente a la misma, como por ejemplo la evidentemente obligada adaptación de los espacios laborales o las condiciones del teletrabajo. La Junta de Andalucía no ha hecho sus deberes, y, a estas alturas, no hay infraestructuras suficientes para dar cabida al teletrabajo en una proporción razonable dadas las circunstancias. Tampoco tenemos constancia formal y cualificada alguna de que haya conseguido readaptar un solo espacio de trabajo en la Justicia de Andalucía según las medidas de seguridad oficialmente establecidas, para salvaguardar las distancias interpersonales de seguridad y garantizar el cumplimiento del resto de las medidas de prevención que contribuyen a impedir, dentro de lo posible, los focos de contagio. Si no lo ha logrado cuando sólo 2/3 de la plantilla del personal estaba presente en las sedes, ¿qué ha de pasar cuando a partir del 9 de junio se obligue a estar presentes en los edificios judiciales al 100% de sus efectivos?
A mayor abundamiento, aún ignorando deliberadamente el hecho de que los test COVID-19 llegaron a la Administración de Justicia no sólo tarde sino, además, entre vergonzosas mentiras al más alto nivel institucional respecto de la realización de los mismos, la reincorporación al trabajo de los efectivos de personal al completo el próximo 9 de junio y la vuelta a la normalidad que se nos vende para el 21 de junio viene empañada, entre otras lagunas, por la falta de coordinación de las actuaciones frente a la detección de un positivo, o de un caso probable de serlo, en una sede judicial; se actúa de distinta manera, según los sitios y ocasiones, en cuanto a permitir la continuidad de la presencia del afectado/a en los centros de trabajo o interrumpirla para observar la cuarentena, como tampoco se procede uniformemente respecto a sus contactos estrechos, la limpieza y desinfección de la sede laboral y espacios comunes, ni respecto a cuándo y cómo volver a ocupar estos espacios con seguridad para todos.
En este marco de déspota unilateralidad, el colmo de la inoperancia y la ineficacia ha sido la medida aprobada por el Ministerio de Justicia de declarar hábil el mes de agosto a fin de impulsar el trabajo judicial en ese marco temporal y, ahora, en el territorio que administra directamente pretender que prácticamente la totalidad del colectivo tenga la obligación de tomar sus vacaciones en dicho mes.
Desde SPJ-USO, insistimos en que no se pueden proyectar medidas de tal calibre sin contar con la opinión de quienes no sólo nos alzamos como legítimos interlocutores sociales sino que, además, trabajamos en primera fila dentro del complejo y heterogéneo ecosistema de lo judicial.
En mitad de todos estos frentes, también queda pendiente de ser tomada en consideración nuestra apuesta por NEGOCIAR PLANES DE ACTUACIÓN Y DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, dentro de la legalidad que afecta a nuestro régimen jurídico, respecto al trabajo, jurisdicción a jurisdicción (laboral, civil, mercantil, contencioso-administrativa y penal), del personal de Justicia, al objeto de solventar el atasco monumental que ha producido en la Administración de Justicia la crisis del coronavirus, así como la programación de nuevas evaluaciones de riesgos para actuar con posterioridad al Estado de Alarma a fin de prevenir nuevos rebrotes de la pandemia.
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS/AS AFECTADOS A QUE ABANDONEN SU PUESTO DE TRABAJO EN CASO DE DETECTAR RIESGO GRAVE E INMINENTE PARA SU SALUD LABORAL EN SUS CENTROS DE TRABAJO, CONFORME A LA LEGALIDAD VIGENTE. SPJ-USO ACTUARÁ ANTE LAS AUTORIDADES INSPECTORAS Y SANITARIAS PARA IMPEDIR LA TRANSGRESIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.
