NOTA DE PRENSA, 7 de mayo de 2020
¿¿¿DÓNDE ESTÁ LA SEGURIDAD LABORAL EN LOS CENTROS JUDICIALES DE ANDALUCÍA???
SPJ-USO considera una grave irresponsabilidad el anuncio en prensa hecho por la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, órgano de la Junta de Andalucía que gestiona las competencias en materia de personal y medios al servicio de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma, de un plan para la reincorporación del funcionariado a los edificios judiciales, en turnos de mañana y tarde, consistente en un calendario de aumento de su presencia en los centros de trabajo prefijado en etapas sucesivas, según fechas determinadas de antemano, y que supondría la presencia de un tercio de la plantilla en los edificios judiciales a partir del 12 de mayo, la de dos tercios el 25 de mayo (con un tercio de los reincorporados en turno de tarde) y la de la totalidad del personal el 22 de junio (con prácticamente la misma proporción de funcionarios en turno de tarde).
Y es que la consulta y negociación con los representantes sindicales del colectivo no las ha suprimido (ni las puede suprimir) el Estado de Alarma actualmente imperante, pues son parte esencial del derecho constitucional y fundamental a la libertad sindical. Es más, las formas empleadas por este órgano de la Consejería no guardan el mínimo respeto por el personal y sus representantes, pues está pendiente de celebrarse una Mesa de Negociación con los sindicatos representativos del Sector el próximo lunes, día 11 de mayo, foro legítimo para la determinación de las condiciones de trabajo del personal afectado, que tanto el Ministerio de Justicia como la Consejería competente de la Junta de Andalucía están obligados legalmente a respetar.
SPJ-USO exige que los Centros de trabajo de la Administración de Justicia constituyan un lugar seguro para sus trabajadores y trabajadoras públicos, y que se cumpla en ellos la actual legalidad en materia de prevención de riesgos laborales, elaborando, con carácter previo a cada fase de la desescalada, un plan de evaluación de riesgos que contenga las medidas necesarias para afrontar el riesgo grave e inminente que desgraciadamente todos padecemos. Básicamente pedimos garantías para la disposición de Equipos de Protección Individual suficientes para el personal, profesionales y público que acuda a las sedes; instalación del material de seguridad e higiene adecuados; limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, salas y zonas comunes; decisiones organizativas para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad oportunas; preservación del personal con factores de riesgo; negociación del teletrabajo; y un programa de detección preventiva del riesgo a través de los test de diagnóstico más oportunos.
La salud de los funcionarios públicos de la Justicia no está garantizada por el simple transcurso de unas fechas “previstas”, sino evaluando previamente los riesgos existentes antes de pasar cada fase, y adoptando las medidas adecuadas para prevenirlos. La jornada, los horarios, los turnos, el teletrabajo, los permisos, la vacación anual y la forma de provisión de los puestos de trabajo deben ser objeto de negociación con los sindicatos por mandato legal y constitucional.
LOS FUNCIONARIOS/AS JUDICIALES QUEREMOS TRABAJAR Y SERVIR A LA CIUDADANÍA ANDALUZA, PERO TAMBIÉN QUEREMOS VER PROTEGIDA NUESTRA SALUD LABORAL.
2 – NOTA DE PRENSA – dónde está la seguridad laboral en los centros judiciales de Andalucía
