RÉPLICA a la entrevista realizada por Lorenzo del Río, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para el Diario de Sevilla (01/04/2020)
SPJ-USO – RÉPLICA ENTREVISTA PRESIDENTE TSJA
Exmo. Sr. D. Lorenzo del Río:
Desde SPJ-USO, no quisiéramos que olvidara que las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria y llevadas a efecto por el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía no pretenden la colisión con el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que responden y se centran en las necesidades derivadas de un escenario en el que la progresión de focos de contagio en las sedes judiciales más representativas de Andalucía ha venido protagonizando cada día los titulares de los medios de comunicación. Y todo ello, además, desde el vergonzoso contexto de una absoluta carencia inicial de los debidos equipos de protección individual, no sólo para los empleados públicos, sino también para la ciudadanía usuaria de la Justicia.
Por otro lado, tampoco nos gustaría dejar de manifestar que, siendo la escala funcional y jerárquica de los colectivos que sirven a la Administración de Justicia en España una de las más desiguales que existen en cuanto a derechos y obligaciones, nos causa cierto rubor que el Consejo General del Poder Judicial comunique, publique y pretenda una arenga de las masas y de la ciudadanía con discursos que apelan al sacrificio, a la entrega y al compromiso social a fin de garantizar unos servicios esenciales desde la sola presencia de sus subordinados en las sedes judiciales. Como usted comprenderá, se hace, como poco, difícil de leer.
Todavía chirriaban los ecos de la bajada de persianas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional cuando el órgano de gobierno de los jueces, un colectivo que, agarrado a las recomendaciones del Gobierno, se amparó de manera generalizada al teletrabajo, exhortaba el 19 de marzo y sin pudor alguno que, frente al régimen de disponibilidad no presencial del personal de Justicia propuesto por algunas Comunidades Autónomas, había que anteponer el compromiso de “dar, ser y demostrar la medida de nosotros mismos desde un ejercicio de responsabilidad”. Esta proclama, dicha así, sin más, bien pudiera parecerle hasta loable a quien la recibiera desde la forastera lejanía. Pero, señor Presidente, desde la función sindical, no somos ajenos a este gremio y, como decía Cervantes, “más sabe el tonto en su casa que el sabio en la ajena”. Y ello, porque la inmensa mayoría del colectivo de jueces y magistrados, en estos tiempos de penuria pandémica, pide y exhorta a sus subordinados lo que, en cambio, no se exige para sí, dando, por ello, la desalentadora sensación de pretender exponer a los mismos frente a los consabidos riesgos ciertos, graves e inminentes desde un marco competencial de decisiones que le es totalmente ajeno.
Desde un prisma, quizás, excesivamente corporativista, usted ha llegado a afirmar que “los jueces no han dejado de arrimar el hombro”. Pero es que eso es lo que debe de hacerse, señor Presidente: cumplir con las funciones legalmente encomendadas en un justo marco de seguridad para la salud laboral. Y si bien su gremio aplica el teletrabajo como fórmula general para cubrir la prestación de servicios (quedando su presencia prácticamente reducida a las labores de los servicios de guardia), no hace usted la justa mención, a mayor abundamiento y sin embargo, a la incesante presencia diaria en las sedes judiciales de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia: un colectivo que no sólo cumple con su labor, sino que da la cara en momentos y situaciones en las que ningún test de prevención de riesgos laborales graves dejaría de emitir una clara señal de alarma.
Cuestionar, por tanto, el régimen de disponibilidad para un colectivo público, tan vulnerable como pudiera serlo cualquier otro, no es, pues, de Justicia, ya que todos albergamos la misma dignidad e idénticas potencialidades de contagio frente a la exposición al COVID-19. La mayor o menor facilidad operativa para el teletrabajo no debiera ser la máxima desde la cual se decida quién tiene o no que estar presente en la sede a los fines de prestar esos servicios esenciales que garanticen la tutela judicial efectiva. Probablemente, señor Presidente, como usted dice, si los funcionarios de los Cuerpos Generales “adoptáramos comportamientos miméticos a los observados a nuestro alrededor y donde se antepone cualquier consideración al deber profesional”, las sedes judiciales estarían vacías. Pero, como usted bien sabe, no es el caso. En ellas estamos, sosteniéndolas.
Por lo demás, si bien es más que legítimo que usted y su colectivo se manifiesten, sólo nos resta comentarle que la prestación de los servicios esenciales, sea en turno rotatorio, en régimen de disponibilidad o en cualquier otro, no dependerá de lo que comunique el órgano de gobierno de los jueces, sino de las directrices que marquen las disposiciones impuestas por la autoridad sanitaria y que tratan de llevar a efecto el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía. Comprendemos, señor Presidente, que son tiempos difíciles donde, quizá, cuesta calibrar la palabra, pero incluso en esto hemos de ser prudentes, puesto que, como también decía Cervantes, “en la lengua consisten los mayores daños de la vida humana”.
