Fue una denuncia del sindicato SPJ-USO GRANADA -mayoritario en Justicia- la que, el 19 de junio pasado, puso en conocimiento de este organismo la «presunta situación de estrés laboral» que presentan los funcionarios destinados en ese juzgado.
El TSJA inspecciona un juzgado de lo Social por un conflicto entre jueza y plantilla
Hubo una denuncia ante la Inspección de Trabajo, que ordenó que se evaluasen los riesgos psicosociales de los funcionarios y son «elevados» o «muy elevados» por estrés
YENALIA HUERTASGRANADA
No es habitual cruzarse por los pasillos del edificio judicial de la Caleta con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, cuyo despacho está en la Real Chancillería. El lunes pasado, sin embargo, hubo quien vivió esa experiencia, pues el máximo representante de la justicia andaluza giró una visita al Juzgado de lo Social número 6 de la capital para conocer de primera mano el problema que tiene enrarecido el ambiente laboral en este órgano.
No es que este juzgado esté atascado ni que la magistrada que lo dirige tarde en dictar sentencias o tenga algún caso empantanado. No. Lo que ocurre es que existen «conflictos interpersonales» entre jueza y funcionarios, una tensión que ya dio lugar hace unos meses a una protesta de funcionarios a las puertas del complejo judicial. Lo llamativo es que esta situación se dé precisamente en un órgano que resuelve, por su naturaleza jurisdiccional, las controversias que se dan en el ámbito laboral.
Las desavenencias en este juzgado son de tal calibre que el asunto ha llegado al TSJA, pero también hasta la Inspección de Trabajo, que estimó necesaria la elaboración de un informe en el que se evaluaran los «riesgos psicosociales» de los trabajadores de esta sede judicial. IDEAL ha tenido acceso al informe de la Inspección de Trabajo y revela que se han apreciado riesgos «elevados» o «muy elevados», aunque también «extremadamente altos» en lo que se refiere a la «participación» del personal: a los niveles de implicación, intervención y colaboración que el trabajador mantiene con distintos aspectos de su trabajo y de la organización.
Fue una denuncia del sindicato SPJ-USO -mayoritario en Justicia- la que, el 19 de junio pasado, puso en conocimiento de este organismo la «presunta situación de estrés laboral» que presentan los funcionarios destinados en ese juzgado, que no han querido hacer de momento manifestaciones públicas.
Declaración jurada
En cualquier caso existe, según se desprende del informe de la Inspección de Trabajo, una declaración firmada de los ocho funcionarios que integran la plantilla, a la que se adhirieron dos trabajadores más que ya no están en el juzgado. En ella, los funcionarios hablan de una «presunta actitud hostigadora» por parte de la jueza. Le atribuyen -según recoge el informe de la Inspección citando a la referida declaración jurada- supuestas «injerencias en derechos particulares de los funcionarios», a la hora de cogerse días de asuntos propios, vacaciones o permisos por enfermedad. Asimismo, se quejan de sus «críticas» a su trabajo y de que se les culpe de «la mala tramitación de los expedientes». El panorama que se dibuja en el documento es de conflictos «diarios y permanentes» con la titular del juzgado, hasta tal punto que tres de los trabajadores dicen necesitar «ansiolíticos» para hacer frente al día a día.
Este diario tampoco ha podido recabar la versión de la magistrada, pues «está de baja», según indicaron ayer en la propia sede judicial. No obstante, en el informe de la Inspección consta su versión. La magistrada «niega que haya tenido ninguna actitud o comportamiento desconsiderado hacia los funcionarios que integran ese juzgado», a la vez que rechaza «que se hayan producido bajas por estrés en el mismo o cambios a otros juzgados derivados de su actitud».
Igualmente, la magistrada descarta que se hayan producido injerencias en la labor de los trabajadores, pues, según sostiene, todo lo tramita la secretaria -actualmente hay un secretario, ahora llamado Letrado de la Administración de Justicia-. Lo que sí reconoce la jueza es que «sí muestra interés por todas las cuestiones que pueden afectar al correcto funcionamiento del juzgado».
El informe refleja que el pasado 14 de marzo, ante la negativa de tres funcionarias a hacer funciones de otro compañero -que habitualmente se halla de baja-, la jueza «tuvo la obligación de poner en conocimiento de la Presidencia del TSJA, de la Dirección General de la Administración de Justicia, del Secretario Coordinador y de la Gerencia tales hechos». Es más, se incoó expediente sancionador a esas tres funcionarias y «desde esa fecha se ha enrarecido la relación de los funcionarios con ella».
Medidas correctoras
Ante esta ‘guerra’ abierta en este juzgado, la Inspección de Trabajo recomienda que se adopten una serie de medidas correctoras. Al depender los funcionarios de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, establece que ha de llevarse a cabo una «coordinación preventiva» entre las tres instituciones que prestan servicio en el mismo centro de trabajo: Junta, Ministerio de justicia y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así acuerda que se remita a todos ellos «copia íntegra» del expediente tramitado en materia de prevención de riesgos laborales «en relación a la situación psicosocial existente». El objetivo: que cooperen para que las aguas vuelvan a su cauce. IDEAL GRANADA
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