Os reproducimos a continuación el escrito dirigido a la Sra. Ministra de Justicia donde realizamos una exposición de los recortes más «flagrantes» que sufrimos como consecuencia de la crisis y en el que, como no puede ser de otra manera, solicitamos la restitución de nuestros derechos:
SRA. MINISTRA DE JUSTICIA
Madrid a 1 de Octubre de 2018
Estimada Ministra,
FRANCISCO JAVIER TORO MORALES, Secretario General del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), Sindicato mayoritario en Galicia, segundo en Andalucía y con representación en otras zonas del territorio nacional y una vez transcurridos algo más de cien días desde su toma de posesión, le dirigimos el presente a fin de trasladarle una serie de cuestiones de primer orden que desde SPJ-USO estimamos merecen la atención y resolución por parte del Ministerio que usted dirige.
En la última década los funcionarios en general y los de justicia en particular hemos sufrido muy gravemente los efectos de la crisis económica, habiéndose procedido a recortes de todo tipo, tanto en materia económica como en derechos laborales, algunos de ellos sin fundamento ni justificación de ningún tipo.
Algunos de ellos han sido devueltos, como la paga extra descontada en diciembre de 2012 o la devolución de los llamados días “canosos”, (días adicionales de asuntos particulares y vacaciones en función de la antigüedad).
Sin embargo, han quedado en el tintero otra gran cantidad de derechos arrebatados, derechos que en época de finalización de dicha crisis económica resulta razonable restituir y sobre los cuales llamamos su atención para su urgente reposición; pasamos a detallarle:
1.- NUEVE DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES
Los funcionarios de justicia, antes de los recortes efectuados por el Real-Decreto 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, disfrutábamos de 9 días de asuntos particulares (a diferencia de los funcionarios de la Administración General del Estado que tenían 6 días de asuntos particulares). Estos días de permiso no se concibieron en nuestro Estatuto Jurídico como un privilegio de los funcionarios judiciales, sino como una fórmula de contraprestar determinadas cargas, crónicas en nuestros respectivos puestos de trabajo, que en su momento no encontraron compensación retributiva.
El Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, procedió a modificar el art. 48 del Estatuto Básico del Empleado Público, restituyendo los asuntos particulares de los empleados públicos, en general, a 6 días al año, tal y como estaban regulados antes de los recortes.
Sin embargo, no se modificó el art. 503 de la LOPJ, dejándolo con la redacción dada por la L.O. 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la L.O. 9/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que igualaba a los funcionarios de justicia a los del resto de la Administración Pública en este tema de asuntos particulares, de tal manera que en la actualidad, los ÚNICOS funcionarios que no hemos recuperado nuestro statu quo anterior en esta materia, tras el recorte del año 2012, somos los funcionarios de justicia.
El Partido Popular inició una Proposición de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias, recogida en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del 13 de octubre de 2017 bajo el número 122/2017, proponiendo la reforma del art. 503 LOPJ donde se prevé la devolución de los 9 días de asuntos particulares.
Sin embargo, incomprensiblemente, el mismo grupo parlamentario del Partido Popular presentó 50 enmiendas a su propia propuesta, (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 28 de marzo de 2018), con reformas de mucho mayor calado y sin el consenso que tenía la Proposición inicial, referida únicamente al justo tema de permisos.
Por la vía de la restitución de derechos injustamente perdidos en el contexto de la crisis económica, decididamente preconizada por distintos departamentos del actual Gobierno de la Nación, entendemos que ha de encontrar justa cabida, dentro del programa de medidas urgentes del Ministerio de que Ud. es titular, las necesarias para devolver estos tres días de asuntos particulares, recogiendo la idea original de una reforma de la LOPJ para el tema de permisos, cuestión que estamos seguros no tendría problema en tener el apoyo parlamentario necesario al respecto.
2.- PROMOCIÓN INTERNA
El Partido Popular modificó unilateralmente la LOPJ en año 2015, por la L.O. 7/2015, de 21 de julio, reduciendo el porcentaje de las plazas de las Ofertas de Empleo Público del 50% al 30%, en lo que respecta a la Promoción Interna.
Realmente es incomprensible esta restricción de derechos, toda vez que las plazas que no se cubran acrecentan el turno libre, y un 50% de las plazas sí supone un estímulo para los funcionarios en orden a desarrollar una verdadera carrera vertical, beneficiando también a los órganos judiciales donde prestan sus servicios, toda vez que aprueben o no dicha promoción, el simple hecho de prepararla supone un reciclaje en la formación del funcionario. Por otro lado, ninguna Administración, tampoco la de la Justicia, puede llegar a ser verdaderamente eficiente si se permite el lujo de desaprovechar el capital de la experiencia que le ofrecen las personas que ya están empleadas en ella, en orden a ocupar los puestos de trabajo de la escala superior en la pirámide organizativa.
Limitarla al 30% supone una nueva cortapisa importante para quien pretende prepararlas, por la decepción personal que provoca y que desmotiva a los funcionarios que no ven rentable el esfuerzo de preparar dicha promoción interna con tan pocas plazas, por la poca garantía de éxito.
Por ello, sería muy necesario en la reforma de LOPJ que le exhortamos a iniciar, proponer aumentar del 30% al 50% las plazas de promoción interna, así como la convocatoria de un proceso extraordinario de promoción interna para contrarrestar el recorte que se ha producido en los últimos años, cuestión prevista en la propia LOPJ.
Igualmente en este punto, estimamos que esta justa propuesta habría de suscitar el nivel de consenso necesario para su aprobación.
3.- RESTITUCIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS SEMANALES
Otra gesto importante con los funcionarios de justicia, directamente conectado al fomento del empleo y a la conciliación de la vida personal/familiar con la laboral, sin duda sería la devolución de la jornada de 35 horas, tal y como han reivindicado e incluso legislado Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, como Andalucía, y que han sido objeto de recurso por el anterior gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Creemos que ha llegado el momento de que emprenda la modificación y actualización de la Orden JUS/615/2012, de 1 de marzo, por la que se regula la duración de la jornada general de trabajo en cómputo anual del personal al servicio de la Administración de Justicia, estipulándola en 37,5 horas semanales.
Resulta aún más fácil esta devolución que las anteriores, toda vez que no significa una modificación de Ley Orgánica, y de nuevo, supondría un gran gesto con todo nuestro colectivo, y la muestra de hacer política de forma diferente.
4.- ELIMINACIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN en el Complemento General del Puesto, equiparándose las cuantías de este concepto retributivo, en todos los funcionarios de justicia, a las que se perciben en Madrid y Barcelona.
5.- PRESTACIONES MUGEJU
Promover las acciones necesarias para la recuperación de las prestaciones de la Mutualidad General Judicial vigentes antes de los recortes del año 2012.
6.- PROBLEMÁTICA SECRETARIOS SUSTITUTOS
Este supone otro punto importante, debido al agravio en el trato administrativo que recibe un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que accede a Secretario Sustituto con la misma figura en caso de uno de Auxilio Judicial o de Tramitación Procesal que sustituyen en los Cuerpos superiores respectivamente.
Mientras los Gestores Procesales que sustituyen en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, pierden su plaza y se les adscribe provisionalmente en una plaza en la localidad donde prestaba sus servicios de Gestor (una vez cesan de Letrados), en los casos de sustitución de Auxilio a Tramitación o de Tramitación a Gestor, se les reserva la plaza.
Del mismo modo, durante la sustitución en el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el funcionario de Gestión Procesal ve paralizada la contabilización de antigüedad en su cuerpo de origen, perdiendo puestos en el escalafón. No sucede en las otras sustituciones mencionadas.
SPJ-USO le insta a que proceda a la modificación del art. 70 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, y se ponga fin a esta discriminatoria situación.
7.- DEVOLUCIÓN 5% de retribuciones detraídas en mayo 2010
Como es conocido, en mayo de 2010 el Gobierno del Sr. Zapatero promulgó el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaban medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que supuso la reducción de los sueldos de los funcionarios de justicia en una media del 5% en todos sus conceptos.
A día de la fecha, nada se ha sabido acerca de una posible devolución de este importantísimo recorte económico.
Sería igualmente justo para nuestro sector que este nuevo Ejecutivo tuviera un gesto de reconocimiento del esfuerzo y colaboración mostrada por los funcionarios de este país en esos momentos tan complicados emprendiendo medidas para una futura recuperación de dicho importante recorte. Nunca entendimos que este recorte pudiera ir más allá del escenario de crisis económica que lo motivó, y que la amortización de las cantidades detraídas se consolidara para siempre, sino que, por el contrario, lo percibimos como una medida coyuntural que diluiría sus efectos una vez pasadas los momentos de más graves dificultades presupuestarias y económicas.
Le hemos puesto de manifiesto en este escrito algunas de las reivindicaciones más importantes y urgentes que demanda nuestro colectivo, existiendo otras muchas que sin duda le iremos planteando en próximos escritos, toda vez que nuestra intención es que sirva el presente como toma de contacto y como exhorto para empezar a mejorar las graves deficiencias de nuestro sector.
Sin más, y esperando que por el Ministerio que usted dirige se acometan cuando antes las medidas de restitución de derechos que le hemos planteado, así como mejoras en las condiciones de trabajo de los funcionarios de justicia, estamos a disposición de su Ministerio para cualquier tipo de aclaración o ampliación del contenido de este escrito.
Fdo. Francisco Javier Toro Morales
Secretario General Sindicato SPJ-USO
En la siguiente imagen podéis ver copia sellada del escrito: