BOLSAS DE INTERINOS DE JUSTICIA
-CRONICA DE UNA CHAPUZA ANUNCIADA-
13/05/2022.- La Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia, con su director general al frente, ha vuelto a hacer gala de la inoperante y torpe gestión que viene realizando durante todo el proceso de constitución de las bolsas de trabajo de la Administración de Justicia.
Después de haberse incluido a decenas de solicitantes en los listados definitivos de admitidos por orden expresa de la Dirección General al considerarse suficiente la declaración responsable del interesado a los efectos de acreditar uno de los requisitos de acceso (el haber aprobado un examen de la OEP del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa), ahora, sin embargo, en un nuevo ejercicio de incongruencia y en contra de sus propios actos, la Administración deja fuera de dichos listados provisionales de baremación a esos aspirantes a integrar la bolsa de Tramitación después de años de espera, frustrando así las expectativas y los derechos generados previamente por su inclusión en los listados definitivos de admitidos, y acabando también con toda esperanza de éstos para acceder a un puesto de trabajo.
Pero no sólo eso, sino que la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, en su errática toma de decisiones, tampoco dio solución a aquellos otros aspirantes que, por sujetarse literalmente a la norma, no presentaron esa declaración jurada y, por tanto, también fueron perjudicados en las decisiones de una Dirección General errante y sobrepasada por los acontecimientos, que ha ido tomando decisiones contradictorias, perjudiciales para unos y otros y que vislumbran un escenario en el que se prevé la presentación de innumerables recursos por parte de los muchos afectados y perjudicados; una situación cuya consecuencia más inmediata será volver a retrasar la puesta en marcha de una nueva bolsa de trabajo con nuevos integrantes y que palie la demora actual en el nombramiento de personal interino en los órganos de nuestra comunidad por tener que recurrir a métodos complementarios de nombramientos de personal.
Desde que se procedió a la convocatoria de la bolsa de interinos de Justicia en Andalucía, allá por noviembre de 2019, la evolución del proceso ha sido un verdadero despropósito. No sólo se ha tardado año y medio en publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, sino que, por parte de la Consejería de Justicia y a mitad de proceso, se cambiaron las instrucciones de baremación, entrando la Administración en contradicción con sus propios actos al dictar instrucciones opuestas a lo dispuesto en la propia Resolución de convocatoria. Además, por si todo esto fuera poco, se ha constatado que en el listado de baremación no se reflejan de manera fidedigna las puntuaciones otorgadas en las distintas comisiones provinciales, según alegan por cuestiones técnicas.
SPJ-USO ha venido advirtiendo desde un principio, tanto en el seno de las comisiones provinciales de baremación como a través de escritos dirigidos a la propia Dirección General, el riesgo de que se generase entre los aspirantes a formar parte de las bolsas de trabajo una presunta sensación de opacidad, discrecionalidad y falta de seguridad jurídica que podía generar la apreciación de la carencia inicial de medios puestos a disposición de las comisiones de baremación para realizar su labor, así como la falta de coordinación y control de la gestión del proceso de constitución de las distintas bolsas por parte de la Dirección General ante todas las anomalías que se iban produciendo.
El pasado 6/05/2022, la Consejería de Justicia publicó unos listados provisionales de baremación en los que no se incluyeron a muchos de los aspirantes que fueron admitidos en la relación definitiva de admitidos y excluidos que fue publicada en virtud de resolución de fecha 15/07/2021, una resolución que, recordemos, agotaba la vía administrativa.
Con la publicación de estos listados de baremación, la propia Consejería de Justicia ha actuado de nuevo contra sus propios actos al excluir de los mismos a los aspirantes que previamente había admitido en la relación definitiva de admitidos y excluidos, y, por si fuera poco, a través de un acto inadmisible de cinismo, las distintas resoluciones por la que se publican los listados de baremación refieren que “analizada la documentación presentada por las personas solicitantes para su baremación, se ha constatado por dichas comisiones de baremación que, en algunas solicitudes, la documentación presentada no justificaba el cumplimiento de los requisitos para su inclusión en la presente convocatoria”, cuando es más que patente que ninguna de las comisiones paritarias de baremación ha reflejado en sus actas tal circunstancia, lo cual no deja de ser una maniobra evasiva con la que la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia pretende hacer responsables o copartícipes de este descalabro a las organizaciones sindicales en un burdo intento de eludir su exclusiva responsabilidad.
Sin ir más lejos, es intolerable que, en el mismo día de ayer, iniciada ya la fase de alegaciones y habiéndose presentado muchas de ellas por parte del colectivo de afectados, la Administración haya emitido una nueva instrucción referente a las alegaciones a las listas provisionales que contradice criterios anteriores y, sin embargo, no permite la rectificación de un mero error material, como puede ser que el interesado se haya puntuado menos antigüedad que la que realmente tiene.
Por todo ello, ante la inseguridad jurídica y la inaceptable indefensión que este hecho produce a unos y otros aspirantes, los no admitidos y los admitidos de forma “definitiva” en un primer momento y que ahora no aparecen reflejados en el listado provisional de baremación, desde SPJ-USO exigimos a la Consejería de Justicia una solución a tal desaguisado, comenzando por asumir la responsabilidad en esta mala gestión y ofreciendo una solución, conforme a ley, que no perjudique más ni a los interesados ni al servicio público que se ofrece en la Administración de Justicia de Andalucía.
Asimismo, ponemos en conocimiento de todos los afectados que disponemos en nuestras secciones sindicales de un modelo de reclamación a disposición de todo aquel que lo necesite, y que estamos estudiando la potencial articulación de cuantas acciones legales procedan.