Desde SPJ-USO, os trasladamos el siguiente escrito presentado a la Consejería de Justicia por nuestra Secretaria de Prevención y Salud Laboral de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) y delegada de prevención de SPJ-USO.
A/A de la CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ana Marta Avilés Bermúdez, Secretaria de Prevención y Salud Laboral de la Federación de Atención a la Ciudadanía de la Unión Sindical Obrera (FAC-USO) y delegada de prevención de SPJ-USO, en la representación sindical que ostento y, como mejor proceda, comparezco ante esa consejería en virtud de la presente y
MANIFIESTO
PRIMERO.- Que, en relación con el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo derivado de los Tribunales de Instancia y las medidas asociadas de reorganización del personal (acoplamiento), este sindicato considera necesario trasladar a esa Consejería una reflexión de carácter urgente en materia de salud laboral, especialmente en lo relativo a los factores organizativos que inciden en el bienestar emocional y mental de nuestro colectivo.
El proceso de acoplamiento ha supuesto, en numerosos casos, cambios organizativos de gran intensidad, con modificaciones sustanciales en funciones, dinámicas de trabajo, entornos laborales y estructuras de referencia. Cambios que, en la mayoría de los casos, se están realizando sin contar con el verdadero motor de la Administración de Justicia, el personal de Justicia, personas que están sufriendo cómo le modifican sus condiciones de trabajo sin previo aviso, con traslados improvisados y nuevas relaciones laborales. Estas transformaciones, aun enmarcadas en un proceso de modernización, han tenido un impacto brutal en las condiciones laborales del personal funcionario.
Debe ponerse de manifiesto que no todas las personas afrontan estos cambios en igualdad de condiciones, existiendo diferencias individuales en cuanto a capacidad de adaptación, circunstancias personales, cargas emocionales y posibles situaciones previas de vulnerabilidad.
SEGUNDO.- En este contexto, hemos observado la acentuación de situaciones de malestar psicológico que, en determinados casos, han derivado en consecuencias especialmente trágicas y que han generado una profunda preocupación en el conjunto del colectivo, poniendo de relieve la necesidad de analizar con mayor profundidad el impacto real de estos procesos organizativos en la salud de las personas trabajadoras.
TERCERO.- Desde FAC-USO, queremos dejar expresa constancia de que no pretendemos establecer una relación simplista de causalidad ni atribuir responsabilidades directas a la administración, sino llamar la atención sobre un contexto en el que concurren factores organizativos, laborales y personales que, en su conjunto, pueden dar lugar a situaciones de especial vulnerabilidad.
CUARTO.- La Administración, en su condición de empleadora, tiene la obligación legal de garantizar la seguridad y salud de su personal en todos los aspectos relacionados con el trabajo, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Esta obligación
incluye, de forma expresa, la evaluación y control de aquellos factores derivados de la organización del trabajo que puedan afectar al equilibrio emocional, la estabilidad psicológica y el bienestar general del personal.
En este sentido, resulta imprescindible abordar la implantación del nuevo modelo organizativo desde una perspectiva integral, que sitúe a la persona en el centro, teniendo en cuenta no sólo la eficiencia del sistema, sino también el impacto humano de las decisiones organizativas.
Desde este marco entendemos que, en el actual proceso de implantación, estos elementos no se están teniendo suficientemente en cuenta, lo cual puede generar, como de hecho ha generado y sigue generando, situaciones de sobrecarga, presión sostenida y deterioro del bienestar emocional del personal.
A la vista de lo anteriormente expuesto es por lo que
SOLICITO
1.- La realización urgente de una evaluación específica sobre el impacto de los cambios organizativos en el bienestar emocional y mental del personal.
2.- La adopción de medidas preventivas inmediatas orientadas a reducir la sobrecarga de trabajo, la incertidumbre organizativa y la presión sobre el personal.
3.- La incorporación de mecanismos de seguimiento continuo del impacto del modelo en la salud laboral.
4.- El refuerzo de los servicios de apoyo y atención al personal, incluidos los apoyos psicológicos que se requieran; en particular, para aquellas personas especialmente sensibles a los cambios de manera que la adaptación a las mismas sea progresiva y sin consecuencias para su salud.
5.- La participación efectiva de las organizaciones sindicales en el diseño e implementación de estas medidas.
Todo ello con el fin de garantizar que el proceso de modernización de la Administración de Justicia se lleve a cabo sin menoscabo de la salud, la dignidad y el bienestar del personal que la integra.
Todo ello, por ser de Justicia, que pido en Sevilla 26 de marzo de 2026. Fdo.:
Ana Marta Avilés Bermúdez
Secretaria de Prevención y Salud Laboral de FAC-USO
