Desde SPJ-USO, ponemos en vuestro conocimiento la presentación del presente escrito a la SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE ASTURIAS a los fines de SOLICITAR la suspensión de los plazos procesales para la entrada de la NUMO en OVIEDO, por razones de fuerza mayor, tal como lo presentamos tanto en la fase I como en la fase III.
A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS
Eugenia Jéssica Ramos Fernández, con DNI XXXXXXXXX, Delegada del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ-USO), con domicilio a efectos de notificaciones en XXXXXXXXXXX, y teléfono 614.32.81.76 en representación del mismo, ante la Sala de Gobierno del TSJ de Asturias comparece y como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
PRIMERO.- Que mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2025, SPJ-USO solicitó la suspensión de los plazos procesales para el mes de enero de 2026. Dicha petición se fundó en causas de fuerza mayor derivadas de la implementación de la fase final de la reforma de la Ley 1/25 de Eficiencia —prevista para el 31 de diciembre de 2025—, habiendo sido denegada en su momento.
Finalmente, en la fecha prevista, el nuevo modelo de oficina judicial (NUMO) entró en funcionamiento únicamente en Mieres y Langreo. Por su parte, en Avilés se implementó el 16 de febrero, mientras que la Viceconsejería de Justicia ha programado la implantación en Oviedo para el próximo 27 de abril de 2026.
SEGUNDO.- A fecha de hoy, podemos afirmar que las advertencias detalladas en nuestro escrito del 25 de noviembre se han cumplido íntegramente tras la entrada en funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial (NUMO) en Mieres, Langreo y Gijón.
Como ya expusimos, una transformación de este calado exigía una planificación responsable, un periodo de transición ordenado y, ante todo, recursos suficientes. Sin embargo, la realidad en Mieres, Langreo y Gijón ha sido una implantación improvisada y precipitada, donde las tareas de mudanza y de reubicación se solaparon con la actividad del personal, dificultando gravemente la prestación del servicio.
Paralelamente, se llevaron a cabo las adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión procesal, lo que impidió la tramitación ordinaria de los expedientes durante días. Esta adecuación tecnológica provocó fallos generalizados en las comunicaciones y notificaciones telemáticas de los partidos judiciales referidos. Dichas incidencias afectaron tanto al ámbito interno (portafirmas entre oficinas y jueces) como al externo (LexNET, otras Administraciones y ciudadanía), sumando deficiencias graves en el registro e itineración que requirieron semanas para su resolución.
De replicarse las incidencias sufridas en Mieres, Langreo y Gijón, Oviedo se enfrentará a una desconexión generalizada de teléfonos, periféricos y sistemas de videoconferencia. Así como, problemas de acceso a aplicaciones, retrasos en la actualización de perfiles y errores en las Cuentas de Depósitos. La resolución de estos fallos podría demorarse semanas, comprometiendo la sostenibilidad del servicio y vulnerando los derechos recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
El inicio de la NUMO en Mieres, Langreo y Gijón estuvo marcado por el caos y la falta de planificación. La reubicación de los funcionarios, sin margen de adaptación ni formación previa para los reordenados y reasignados forzosos, resultó en un escenario de total desorientación. El despropósito organizativo fue tal que las instrucciones sobre el reparto de funciones y equipos no se difundieron hasta el mismo día de la entrada en funcionamiento de la NUMO, imposibilitando un funcionamiento eficaz desde el primer momento.
Igualmente, las necesidades de espacio que requieren los distintos servicios comunes, no fueron resueltas con antelación suficiente, lo que llevó a que los servicios no pudieron entrar en funcionamiento en la manera en la que han sido diseñados.
Todo lo expuesto anticipa lo que ocurrirá el próximo día 26 de abril, fecha establecida por la Viceconsejería de Justicia para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de oficina judicial en Oviedo.
TERCERO.- La implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial en Oviedo se enfrenta a un escenario de singular complejidad. A diferencia de otros partidos judiciales, la capital asturiana presenta una elevada dispersión de sedes.
El nuevo modelo de oficina judicial ha evidenciado la necesidad de realizar obras de adecuación y mejora para dar cabida a todo el personal disperso, y adaptar los espacios físicos a la estructura de servicios comunes.
Debido a la envergadura de estas intervenciones —que, aunque calificadas como obras menores, alteraran el funcionamiento diario de las sedes— se ha determinado una nueva prórroga. El nuevo modelo de Oficina Judicial en el partido judicial de Oviedo entrará en funcionamiento de manera definitiva el próximo 27 de abril.
CUARTO.- El art. 560 de la LOPJ 16º f) en sensu contrario atribuye al Consejo General del Poder Judicial la competencia para acordar la suspensión de los plazos procesales, tal y como hizo el pasado 29 de abril por razones de fuerza mayor, debido al apagón eléctrico sufrido en España.
Los antecedentes indican que la implantación de la NUMO en Oviedo, prevista para el 27 de abril de 2026, incurrirá en los mismos errores que en Mieres, Langreo y Gijón. La situación se agrava por la dispersión de las sedes ovetenses, que obliga a hacer obras de adecuación ineludibles. Dado que el servicio quedará previsiblemente interrumpido durante semanas, es imperativo calificar este escenario como una causa de fuerza mayor.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que por la Sala de Gobierno del Tribunal de Superior de Justicia de Asturias se eleve al Consejo General del Poder Judicial la propuesta de suspensión de plazos procesales para la semana del 20 de abril de 2026 en el partido judicial de Oviedo, por razones de fuerza mayor.
Y ello a afectos de aliviar las previsibles consecuencias de la implantación de la NUMO en el partido judicial de Oviedo, garantizar la prestación del servicio de justicia, así como los derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, y asegurar la formación y adaptación de los funcionarios de justicia a la nueva estructura organizativa.
