Desde SPJ-USO denunciamos la forma en que la Viceconsejería de Justicia ha fijado el plazo para la presentación de la solicitud de confirmación, estableciendo un plazo de cuatro días hábiles que no ha sido negociado con las organizaciones sindicales, pese a afectar directamente a los derechos y condiciones de los funcionarios.
A ello se suma que a las jefaturas se les ha concedido un plazo de cinco días, mientras que al resto de funcionarios se les impone un plazo inferior, sin justificación objetiva ni razonable, lo que supone un trato discriminatorio injustificado. Si para las jefaturas se considera necesario un plazo de cinco días, ese mismo plazo debe concederse a todos los funcionarios.
Asimismo, este plazo ha comenzado a computarse sin que se haya facilitado toda la información necesaria, ya que no se han publicado las listas de antigüedad en el puesto de origen de los partidos judiciales de Gijón y Oviedo, mientras que los funcionarios de Avilés sí disponen de dicha información desde el mismo día de la publicación de la resolución.
Esta situación provoca una clara desigualdad de trato, al no contar todos los funcionarios con la misma información durante el mismo plazo. Información imprescindible para poder tomar una decisión y ejercer el derecho de confirmación en condiciones de igualdad.
Por ello, SPJ-USO solicita expresamente que el plazo no comience a computarse hasta que dicha información sea facilitada, garantizando así que todos los funcionarios dispongan de la misma información durante el mismo plazo y evitando situaciones de desigualdad e indefensión.
Ante esta situación, SPJ-USO ha presentado ya escrito por registro dirigido a la Viceconsejera de Justicia, poniendo de manifiesto:
-
La falta de negociación sindical del plazo establecido.
-
La desigualdad entre funcionarios por la ausencia de publicación simultánea de las listas de antigüedad.
-
La necesidad de ampliar el plazo y equipararlo al concedido a las jefaturas.
Desde SPJ-USO consideramos que esta forma de actuar vulnera los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena administración, generando indefensión y perjuicio a los funcionarios afectados.
Seguiremos exigiendo:
- La ampliación inmediata del plazo, con un mínimo de cinco días hábiles para todos.
-
Que el plazo no se compute hasta que se publiquen todas las listas de antigüedad de los partidos judiciales afectados.
SPJ-USO continuará defendiendo los derechos de los funcionarios y adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar decisiones unilaterales que perjudiquen a la plantilla.
