Inspecciones del CGPJ en Córdoba en 2026: más control, más carga de trabajo y ningún reconocimiento para los funcionarios
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho pública la programación de actuaciones inspectoras para el primer semestre de 2026, en un contexto marcado por la implantación de los Tribunales de Instancia tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025.
Desde SPJ-USO consideramos imprescindible analizar estas inspecciones no solo como un control formal, sino como una oportunidad real para detectar carencias estructurales, sobrecargas de trabajo y falta de medios personales y materiales que la Administración de Justicia viene arrastrando desde hace años.
Provincia de Córdoba: inspecciones confirmadas en el primer semestre de 2026
Dentro del plan semestral enero–junio de 2026 del Servicio de Inspección del CGPJ, se incluyen los siguientes órganos judiciales de la provincia de Córdoba:
- Tribunal de Instancia de Lucena, Sección Civil y de Instrucción (plazas nº 1, 2 y 3).
- Tribunal de Instancia de Priego de Córdoba, Sección Civil y de Instrucción (plaza nº 1).
- Tribunal de Instancia de Peñarroya-Pueblonuevo, Sección Civil y de Instrucción (plazas nº 1 y 2).
- Tribunal de Instancia de Puente Genil, Sección Civil y de Instrucción (plazas nº 1 y 2).
Estas visitas se justifican oficialmente por criterios como la sobrecarga de trabajo, la pendencia, el retraso en la resolución de asuntos y la necesidad de evaluar el funcionamiento de los nuevos Tribunales de Instancia. Precisamente los problemas que SPJ-USO viene denunciando de forma reiterada.
Córdoba capital: prevista para 2026, pero sin calendario definido
En lo que respecta a Córdoba capital, no figura incluida en el plan semestral directo del Servicio de Inspección para el primer semestre de 2026. No obstante, sí aparece dentro del plan anual de visitas propuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para el año 2026, con las siguientes actuaciones:
- Tribunal de Instancia de Córdoba, Sección de Instrucción (plazas nº 1 y 2).
- Tribunal de Instancia de Córdoba, Sección de Violencia sobre la Mujer.
Estas actuaciones carecen, a día de hoy, de una fecha concreta de realización, lo que vuelve a evidenciar la falta de planificación y de información clara que está acompañando al proceso de implantación de los Tribunales de Instancia.
Un agravio comparativo cada vez más evidente en Andalucía
Desde SPJ-USO denunciamos una situación de doble agravio comparativo absolutamente inaceptable para los funcionarios de Justicia de Andalucía.
Por un lado, somos la única comunidad autónoma de toda España en la que los funcionarios no han percibido ninguna subida salarial con motivo de la implantación de los Tribunales de Instancia, pese al incremento claro de funciones, responsabilidades y carga de trabajo que ha supuesto este nuevo modelo organizativo.
Por otro lado, mientras esto ocurre, jueces y letrados de la Administración de Justicia (LAJ) vienen percibiendo desde hace más de dos años un complemento retributivo de aproximadamente 450 euros mensuales, vinculado precisamente a la aplicación de esta misma ley y a las nuevas funciones que se derivan de ella.
El resultado es un modelo profundamente desequilibrado: más trabajo para los cuerpos generales, sin compensación alguna, frente a mejoras retributivas consolidadas para otros colectivos dentro de la misma Administración de Justicia.
Inspecciones sin medios ni reconocimiento económico no solucionan el problema
Desde SPJ-USO insistimos en que las inspecciones, por sí solas, no resuelven los problemas estructurales de la Administración de Justicia si no van acompañadas de refuerzos reales de plantilla, una definición clara de los equipos de trabajo y sus funciones, una dotación suficiente de medios materiales y una negociación real que incluya el reconocimiento retributivo del trabajo que se está exigiendo a los funcionarios.
Seguiremos exigiendo que la implantación de los Tribunales de Instancia no se quede en un mero cambio organizativo sobre el papel y que Andalucía deje de situarse, una vez más, a la cola en derechos laborales dentro de la Administración de Justicia.
