Desde SPJ-USO ANDALUCÍA, ponemos en vuestro conocimiento la presentación del presente escrito a la SALA DE GOBIERNO DEL TSJ DE ANDALUCÍA a los fines de SOLICITAR la suspensión de los plazos procesales en el mes de Enero de 2026, por razones de fuerza mayor.
A LA SALA DE GOBIERNO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
D. ALFONSO JUSTICIA BARA JAS, Secretario General del Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera en Andalucía (SPJ-USO), en representación del mismo, ante la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía comparece y como mejor proceda en Derecho,
EXPONE:
PRIMERO.- El 31 de Diciembre de 2025 se implantará la tercera y última fase de la mayor reforma organizativa a la que se ha enfrentado la Administración de Justicia en los últimos 36 años. Los Juzgados tradicionales desaparecerán sustituidos por los modernos Tribunales de Instancia y los funcionarios de justicia dejaran de prestar servicio en sus antiguos destinos para ser repartidos e integrados en los distintos Servicios Comunes que formarán el Nuevo Modelo Organizativo de Oficina Judicial (NUMO).
Esta transformación, sumamente compleja, exige una planificación responsable, un proceso de transición adecuado, y sobre todo una dotación de recursos suficientes para afrontarla; no puede improvisarse, ni
ejecutarse de forma automática, ni mucho menos imponerse, desoyendo las advertencias de los operadores jurídicos, y burlando la obligada negociación con el colectivo de funcionarios de justicia.
El caos generado en la implantación de la primera y segunda fase de la reforma, que afectó a los partidos de menor tamaño, ha puesto en evidencia las graves consecuencias de la falta de previsión del Ministerio de Justicia y anticipa lo que ocurrirá el próximo día 31 de Diciembre en su tercera y última fase, que afectará a los partidos de las grandes poblaciones. Los medios personales y materiales actuales no soportarán la nueva arquitectura, que muestra sus grietas antes de estrenarse.
SEGUNDO.- Grietas tecnológicas. La puesta en funcionamiento de los Tribunales de Instancia y de la NUMO exige múltiples adaptaciones técnicas de los sistemas de gestión de procedimientos actuales; actualizaciones que no pueden realizarse de forma automática y que inevitablemente convivirán durante meses con la tramitación diaria de los expedientes, complicando seriamente la misma. Es más, no hay garantías de que todos los sistemas utilizados en el territorio nacional (Minerva, Atenea, Atlance,
Adriano, Cicerone, etc…) puedan soportar dichas actualizaciones, por obsoletos.
Esta adecuación tecnológica causará fallos generalizados en las comunicaciones y notificaciones telemáticas, tanto internas entre oficinas judiciales y Jueces (portafirmas), como externas entre oficinas judiciales, profesionales (lexnet), otras Administraciones y la ciudadanía. La interoperabilidad de las diferentes aplicaciones que se utilizan en la oficina sufrirá igualmente continuas brechas.
Sin olvidar el hecho de que el expediente judicial electrónico está previsto para su desarrollo en un juzgado o tribunal, lo que provocará enormes dificultades de tramitación e itineración en la nueva oficina judicial (NUMO).
Si se replican las incidencias sufridas en las fases I y II, se sucederán las desconexiones de teléfonos, impresoras, scaners, sistemas de videoconferencia, problemas de acceso a las aplicaciones, deficiencias y retrasos en la actualización de las nuevas claves y perfiles, errores en el acceso a las Cuentas de Depósitos, incidencias en los cambios en las direcciones de correo electrónico y números de teléfono de las sedes judiciales, etc…
Estas incidencias necesitarán de semanas para ser solventadas o parcheadas, haciendo el servicio insostenible; no pudiendo garantizarse muchos de los derechos recogidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
El “apagón tecnológico” expuesto provocará un apagón informativo, de interoperabilidad y por tanto un apagón completo del servicio.
TERCERO.- Grietas organizativas. Que a fecha de hoy no se hayan publicado las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en muchas Comunidades Autónomas, ni se haya completado el proceso de acoplamiento de funcionarios en ninguna de ellas, nos lleva a la asombrosa situación de que ningún funcionario de justicia afectado por la fase III, pueda conocer con seguridad, cuál será su puesto de trabajo a partir del próximo día 31 de diciembre, ni sus funciones.
Los funcionarios se incorporarán a sus nuevos destinos en la fecha establecida sin proceso de transición, ni margen alguno para la adaptación al cambio organizativo, ni mucho menos con tiempo para la formación de aquellos que sean reordenados, o reasignados forzosos. Este despropósito
provocará, confusión, caos y serios problemas de adaptación.
De igual manera si los Protocolos de Actuación no se publican con la antelación suficiente, nos veremos avocados a que la formación de equipos y el reparto de funciones se produzca una vez entrada en funcionamiento la NUMO, lo que garantizará en el mes de enero, una desorganización absoluta.
Sin obviar las necesidades de ubicación y espacio que requieren los distintos servicios comunes, y que no han sido atendidas en prácticamente ningún ámbito, lo que nos llevará a que muchos servicios no podrán entrar a funcionar en la manera en la que han sido diseñados.
El “apagón organizativo” impedirá no sólo la tan perseguida eficiencia, sino que hará peligrar la garantía de la prestación de los servicios mínimos.
CUARTO.- El art. 560 de la LOPJ 16º f) en sensu contrario atribuye al Consejo General del Poder Judicial la competencia para acordar la suspensión de los plazos procesales, tal y como hizo el pasado 29 de abril por razones de fuerza mayor, debido al apagón eléctrico sufrido en España.
Todo lo expuesto anteriormente conduce a que, si nadie lo remedia, el 31 de diciembre de 2025 se producirá un “APAGÓN” sin precedentes en la justicia española. El servicio público de la Administración de Justicia dejara de funcionar, probablemente durante semanas, lo que justifica sobradamente considerar dicha situación de fuerza mayor.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
Que por la Sala de Gobierno del Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía se eleve al Consejo General del Poder Judicial la propuesta de suspensión de plazos procesales en el mes de Enero de 2026, por razones de fuerza mayor.
Y ello a afectos de aliviar las previsibles consecuencias de la implantación simultánea de los Tribunales de Instancia y de la NUMO en su Fase III, garantizar la prestación del servicio de justicia, así como los derechos reconocidos en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, y asegurar la formación y adaptación de los funcionarios de justicia a la nueva estructura organizativa.
En Málaga a 25 de Noviembre de 2025
