El pasado 16 de julio, tras meses de paripé de unos y otros, el Ministerio de Justicia y los sindicatos CSIF, STAJ, UGT y CiG firmaron un preacuerdo que da el carpetazo definitivo al conflicto en la administración de Justicia iniciado en abril de 2023. A la vista de lo firmado, resulta inevitable hacerse la siguiente pregunta:
¿PARA ESTO HACÍA FALTA INICIAR UN CONFLICTO NACIONAL?
Pues compañeros, desde SPJ-USO y Justicia y Progreso (JyP) pensamos que no; que este resultado no merecía ni un solo día de huelga.
Transcurridos quince meses desde el inicio de la huelga, y poco más de un año desde que los sindicatos representativos de la Mesa Sectorial de Justicia la desconvocasen unilateralmente, vemos con estupor como las legítimas reivindicaciones que dieron pie al conflicto (NEGOCIACIÓN DE LA LOEO, FUNCIONES CLARAS, ACTUALIZACIÓN DEL COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO, ETC.) han quedado en agua de borrajas por un Ministerio de Justicia trilero que ha hecho y deshecho a su antojo. Todo ello, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios, que se han dejado mangonear de forma vergonzosa para llegar finalmente a un acuerdo que, sin duda, nos provoca indefensión e hipoteca absolutamente nuestro futuro profesional durante las próximas décadas.
Resulta llamativo un acuerdo tan cargado de buenas intenciones para ‘mejorar y modernizar‘ la Justicia que, a la hora de la verdad, no concreta absolutamente nada.
Sí contiene, sin embargo, una palmadita en la espalda: “Resulta necesario reconocer el importante papel que tiene el personal de la Administración de Justicia en la prestación de un servicio público de calidad como merece la ciudadanía, resultando su implicación, trabajo, dedicación y compromiso imprescindible para alcanzar el objetivo de eficiencia que esta ley persigue”, se expresa en el preámbulo pero, ¿va este reconocimiento acompañado de algo más? En absoluto. Nos encontramos de nuevo con las palabras huecas a las que tanto acostumbra un ministerio empecinado en ignorar a los cuerpos generales y especiales y en agrandar la brecha retributiva con LAJ, jueces y fiscales.
Asimismo, resultan insultantes las ‘garantias’ que ofrece el Ministerio de Justicia con la puesta en marcha de las relaciones de puestos de trabajo para la implantación de las Oficinas Judiciales y las Oficinas de Justicia, comprometiéndose, o eso dice, a que no supondrán una amortización del número total de plazas existentes en las actuales plantillas y a garantizar que ningún funcionario o funcionaria vea disminuidas las retribuciones complementarias fijas que perciba en el momento de iniciarse el proceso de acoplamiento.
A la vista de lo anterior, parece que tengamos que estar satisfechos y agradecidos no sólo con la negativa a un reconocimiento económico por las modificaciones que acarreará la nueva LOEO, sino con no cobrar menos y no perder puestos de trabajo.
¿Acaso no sabemos todos que, en la actualidad, en los Juzgados se está trabajando muy por encima de los módulos que indica el CGPJ y que el incremento de asuntos está siendo exponencial? ¿No debería entonces garantizarse la creación de un número suficiente de plazas para que nuestro trabajo no sea asfixiante? ¿O acaso alguien cree que con la versión 2.0 de la NOJ va a reducirse el volumen de trabajo que realizamos para que, de una vez por todas, se ajuste a la carga fijada como asumible por el CGPJ y el Ministerio?
También podemos calificar de llamativo lo referente a promoción interna y al teletrabajo. En primer lugar, el Ministerio de Justicia se compromete a promover reformas legales para que se oferte el equivalente al 50% de las plazas de la Oferta de Empleo Público para su cobertura por el turno de promoción interna (veremos si finalmente volveremos a la fórmula de que si hay 100 plazas a oposición 50 serían para promoción y 50 para el turno libre o si nos saldrán con ingeniería numérica y se quedarán en el 33% y poco más). De materializarse esta última opción, volveríamos al más de lo mismo que ya teníamos después de que los sindicatos de mesa tragasen con la disminución al 30% con la palabra del Ministerio, eso sí, de compensar la merma con convocatorias extraordinarias para promoción interna. Y, ¿en qué ha quedado ese compromiso? En absolutamente nada.
En segundo lugar, respecto a un teletrabajo que ya funcionaba en la administración de Justicia y del que se nos privó a lo largo de este conflicto laboral, se va a plantear, como enmienda, una nueva disposición adicional para regular la normativa básica. En resumen, al final el teletrabajo lo tendrán que regular las CCAA con transferencias en Justicia y las diferencias entre territorios no harán más que ensancharse.
Otra de las cuestiones clave de este preacuerdo es que dilapida las opciones para la concreción de centros de destino que llevamos sufriendo por el nefasto Articulo 521 de la LOPJ, lo que deja aún más en el aire nuestros destinos al permitir al Ministerio que estos no se concreten cuando se constituyan equipos inferiores a 50 trabajadores, lo que va a suceder en la mayoría de los partidos judiciales de este país. Esto, sin duda, nos condena a ir totalmente a ciegas en los concursos de traslado, socavando el derecho a la movilidad de los funcionarios de Justicia.
Finalmente, y no menos importante: el Ministerio de Justicia vuelve a comprometerse en el desarrollo de la carrera profesional durante el primer semestre del 2025, o sea, dos años después del inicio de la huelga y siete desde la modificación de la LOPJ para incluir este reconocimiento. Lamentablemente, se vende como éxito lo que no es más que dejadez ¿Es necesario recordar a unos y a otros que dicho derecho ya venía recogido en la modificación de la LOPJ del año 2018 y que el TREBEP ya lo había incluido tres años antes, en 2015, sin que la Mesa Sectorial de Justicia haya sido capaz de avanzar un ápice en la puesta en marcha de nuestra carrera profesional?
Por todo ello, entendemos que este es un acuerdo vacío que no responde a ninguna de las reivindicaciones que dieron lugar a la huelga, pero que lamentablemente parece contentar a los sindicatos firmantes con meros compromisos de un Ministerio de Justicia que ya ha demostrado el nulo valor de su palabra, su deslealtad y su absoluta falta de respeto y consideración a los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia.
Desde SPJ-USO y JyP, vamos a seguir defendiendo al colectivo frente a las agresiones que venimos sufriendo por el Ministerio con la ayuda de sus “muletas sindicales” y no daremos por buena una reforma para la Justicia que sigue pasando por encima de los funcionarios. Por ello, tras las reuniones que mantuvimos con distintos grupos con representación parlamentaria cuando el proyecto de Ley Orgánica en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios inició su tramitación en el Congreso, vamos a intensificar los contactos para seguir promoviendo la introducción de enmiendas que, esas sí, garanticen el respeto a los cuerpos generales y especiales y a sus derechos.
EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO NOS MERECEMOS ESTA TOMADURA DE PELO
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