Dentro de la ronda de contactos que venimos manteniendo con los grupos parlamentarios, una representación de SPJ-USO se reunió en el dia de ayer 8-3-2023 con los diputados del grupo popular Isabel Borrego (portavoz adjunta del grupo) y Luis Santamaría (portavoz en la Comisión de Justicia) para trasladarles el malestar e inquietud de nuestro colectivo por los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) y de Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en tramitación, que afectan de lleno a las condiciones de trabajo de los cuerpos generales de Justicia, a pesar de lo cual no han sido negociados con las organizaciones sindicales en modo alguno por el Ministerio de Justicia, que ignora así al colectivo más mayoritario de Justicia, e ignorando derechos que teníamos consolidados desde hace décadas en nuestra Administracion.
También hemos aprovechado la ocasión para hacerle ver al principal partido de la oposición que estas leyes deberían reconocer, de una vez por todas, las funciones reales que desarrollamos diariamente los funcionarios/as de Gestión, Tramitación y Auxilio de los cuerpos nacionales de la Administración de Justicia, y superar al fin el modelo decimonónico que sigue funcionando en Justicia, según el cual tan solo dos personas, Juez y LAJ, detentan todas las funciones que se realizan en los juzgados y tribunales y servicios comunes, y sin embargo el 70 % de las mismas, se realizan a diario y de forma efectiva por los referidos tres cuerpos generales que representamos. Esto ya se hizo hace décadas en otras administraciones (Hacienda, Trabajo, etc…)
Ese reconocimiento, que debería ir paralelo al RECONOCIMIENTO DE LA CARRERA PROFESIONAL que venimos reclamando insistentemente, evitaría el ABUSO arbitrario que actualmente se está dando con la huelga de los LAJ, que se sintetiza muy bien en la siguiente orden que muchos de ellos están dando al personal del juzgado: «HOY NO TRABAJÉIS, QUE ESTOY DE HUELGA».
También les trasladamos nuestra preocupación por el atraso que, derivado de la orden anterior, se está produciendo en nuestra Administración y la necesidad de que desde las distintas Administraciones con competencias en Justicia se prevean mecanismos para revertir el mismo.
Los referidos portavoces nos transmitieron su rechazo a la LEO tanto en la forma en que se ha tramitado como en el fondo, y en particular por no contar con presupuesto alguno para su implantación, algo que no alcanzamos a entender, ciertamente y que según ellos demuestra el escaso interés de la Ministra de Justicia en que este nuevo modelo organizativo prospere.
Asimismo nos invitaron a remitirles nuestras propuestas para poder analizarlas y articularlas, en su caso, como enmiendas o transaccionales a la LEO, y a la Ley de Eficiencia Procesal, cuya tramitación está menos avanzada.
Por último les hicimos ver desde SPJ-USO que materias como la CARRERA PROFESIONAL que tan exitosamente se ha negociado e implantado en Galicia, impulsada alli por nuestro sindicato, es preciso que se trasladen a otras comunidades, como Andalucía o Madrid, máxime en la comunidad Andaluza, donde los funcionarios/as de Justicia soportamos la mayor carga de trabajo de todo el Estado, según la memoria del CGPJ.
