COMITÉ SECTORIAL SE SEGURIDAD Y SALUD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
-17 MAYO 2021-
En el día de hoy ha tenido lugar el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Justicia en Andalucia, con el siguiente resultado, que a continuación os desarrollamos:
– Modificación en las designaciones de los miembros del Comité Sectorial de Seguridad y Salud por parte de algunas organizaciones sindicales.
Por parte de SPJ-USO Andalucía se designan como delegados de prevención de riesgos laborales a Alfonso Justicia Barajas y a Ana Marta Avilés Bermúdez.
– Informe sobre las alegaciones presentadas al Plan de Prevención de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía y acuerdo, en su caso, para su remisión para la aprobación por el Consejero.
La Administración nos informa que respecto de las alegaciones emitidas por parte de los representantes del personal de la Administración de Justicia al plan de prevención de riesgos laborales de la citada administración se han admitido 23 de un total de 26 alegaciones planteadas; así como las 7 que planteó la propia Administración. Además, de un total de 49 alegaciones que se presentaron al anexo 1 referente a los centros de trabajo, se han admitido 47. Por parte de la Dirección General se informa que ya se ha dado traslado del texto al gabinete a fin de tramitar la propuesta de firma y aprobación por parte del consejero.
Por parte de SPJ-USO Andalucía felicitamos al coordinador de prevención de riesgos laborales de la Administración de Justicia por el trabajo realizado en la confección del referido plan y nos alegramos de que la mayor parte de nuestras alegaciones hayan sido estimadas. Respecto de la no admitida y relativa al procedimiento para la movilidad por razones de salud laboral, un procedimiento que sí que está implantando en la administración general de la Junta de Andalucía, solicitamos al Director General que, en la próxima mesa sectorial, sea incluido como punto del orden del día a fin de regular dicha movilidad también para el personal de Justicia, ya que entendemos que, hasta que se regule dicha situación, nos encontramos frente a una clara discriminación con respecto al personal de la administración general de la Junta de Andalucía. Por parte de la Administración se nos informa que el jueves que viene se llevará este tema a la correspondiente mesa de trabajo.
– Memoria sobre el estado de la prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia.
Por parte de la Administración se nos informa que el 93% de los centros de trabajo cuentan con evaluación de riesgos, así como el 71% de los juzgados de paz. Además, un 78% de los centros de trabajo cuentan con un plan de emergencia. La gran carencia radica en la implantación, por lo que se nos informa que habrá que elaborar un protocolo que sirva de guía a fin de coordinar la concurrencia en el mismo de las distintas administraciones gestoras.
Desde SPJ-USO, mostramos nuestra conformidad con esta memoria, detallada y ambiciosa, y, concretamente, nos resulta interesante y necesario su apartado relativo a la coordinación de actividades empresariales con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, ya que es una herramienta fundamental para la integración de los procedimientos de quejas, resolución de conflictos o protocolos de situaciones de acoso. Por lo demás, dejamos de manifiesto la necesidad de activar los comités de investigación interna en aquellas provincias que no están constituidos u operativos (Almería y Córdoba) y la necesidad de adaptarlas al nuevo protocolo del 2020 en Cádiz, Granada y Huelva.
Por parte de la Administración, se pone de manifiesto que, concretamente en Córdoba, no está implantado el comité de acoso, puesto que nunca ha llegado solicitud de intervención alguna, si bien se reconoce que ello no exime de la legalidad respecto a la obligación de constituirse. Respecto a los ya constituidos, deberán de adaptarse al nuevo protocolo, como ya lo han hecho Málaga, Sevilla y Jaén.
Por otro lado, en el comité provincial de Seguridad y Salud de Málaga de la semana pasada, se nos comunicó la creación de una herramienta en formato QR, desde la que se informará de todos los temas relacionados con prevención de riesgos laborales, lo cual entendemos que puede resultar bastante útil y que debería hacerse extensivo a todas las provincias.
Por parte de la Administración se pone en nuestro conocimiento que la herramienta QR está pendiente del visto bueno por parte de infraestructuras.
– Situación de las Unidades de Prevención en cuanto a medios personales.
Por parte del director general se manifiesta que, respecto de las 14 plazas de asesores de prevención de riesgos laborales de las delegaciones territoriales insertas en la estructura de la Consejería, se va a iniciar el procedimiento para su nombramiento, probablemente por concurso públicos. Si se solapara la finalización del contrato de los actuales asesores, que culmina en octubre, con la cobertura de plazas de las RPTS, aquellos continuarán su contrato hasta el periodo de finalización indicado.
Desde SPJ-USO, solicitamos que en el caso de que se termine el actual contrato de interinos de los asesores técnicos de prevención (con una duración de 6 meses, hasta octubre de 2021) y no se hayan adjudicado las plazas indicadas en las nuevas RPT´S, se prorrogue dicho contrato para evitar lo pasado con la anterior bolsa , por lo cual hemos estado varios meses sin la figura de los asesores técnicos.
– Coordinación de las planificaciones de prevención de riesgos por las Secretarías Generales Provinciales.
Desde SPJ-USO, interesamos que se emita una instrucción desde la dirección general a las distintas delegaciones provinciales a fin de que actualicen e impulsen las planificaciones pendientes en las provincias más atrasadas pues Málaga, por ejemplo, ya cuenta con un cronograma realizado por parte de los asesores técnicos de prevención para los próximos seis meses, un modelo que debería extenderse al resto de provincias.
Por parte de la Administración se nos recuerda que se ha puesto de manifiesto a las distintas secretarías provinciales la necesidad de convocar los respectivos comités provinciales y que deben presentar una programación del plan de prevención para el segundo semestre, si bien cada provincia tiene sus prioridades y su ritmo. La Junta de Andalucía ya firmó el documento de coordinación de actividades, que fue remitido y está pendiente de firma por el Ministerio de Justicia.
– Protocolos de actuación para la realización de evaluaciones de riesgos psicosociales. Incidencias detectadas.
Desde SPJ-USO, interesamos la actualización de las evaluaciones de riesgos psicosociales, así como la llevanza a cabo de medidas correctoras que en los informes de dichas evaluaciones se recomienden. Igualmente, interesamos que se deje participar en las mismas a los delegados que acuden a los comités provinciales correspondientes aunque no sean delegados de prevención
– Planes de emergencia y evacuación. Elaboración e implantación.
Desde SPJ-USO, dejamos de manifiesto que, en realidad, existen pocos partidos judiciales que tengan implantado un planes de emergencia reciente. Como ya hemos alegados respecto al plan de prevención, sería necesaria una actualización tras cada concurso de traslados de los datos de los miembros de los equipos de intervención y una adecuada formación de los mismos.
– Estado de la cita previa, control de aforos y suministro de terminales telefónicos, como medidas de prevención frente al COVID.
Por parte de la Administración, se nos vuelve a informar acerca de las dos líneas en las que se está trabajando el sistema de cita previa: En primer lugar, una línea para implantar el sistema de cita previa en 24 registros civiles, la cual se encuentra ya adjudicada y cuenta con un periodo de implantación de 3 meses. En segundo lugar, otra línea para implantar el sistema de cita previa en las oficinas judiciales a través de un acuerdo con el Ministerio de Justicia mediante el cual se asumirá el mismo sistema que ya funciona en territorio ministerio y que proviene de la Administración Tributaria, previa adquisición de las infraestructuras materiales, y tomando como previsible plazo para su implantación los primeros meses de 2022. En cuanto a los terminales telefónicos, la segunda tanda de 1.000 ya fue instalada a primeros de año, no quedando crédito para más.
Desde SPJ-USO, consideramos inaceptable que, después de más de un año de pandemia, aún no esté implantada la cita previa y control de aforos, así como la inoperatividad del programa que, a tales efectos, ya se había diseñado para Málaga y que estaba bastante avanzado.
Igualmente, desde SPJ-USO solicitamos expresamente que se estudie la posibilidad de facilitar al personal ubicado en los REGISTROS CIVILES algún tipo de AURICULAR para la atención telefónica.
– Práctica de los reconocimientos médicos por los Centros de Prevención de Riesgos Laborales.
Por parte de la Administración, se pone de manifiesto que, respecto a este punto, estamos en manos del Centro de Prevención de Riesgos Laborales cuyos profesionales, tras la última oposición y su toma de posesión en puestos base, no se consideraban competentes para la llevanza de dichas funciones, por lo que se está tramitando una modificación normativa a fin de dotar a estos profesionales respecto de tales competencias.
Por parte de la unidad de coordinación de prevención de riesgos laborales, se prevén los siguientes objetivos en los próximos 6 meses: la creación de un espacio de prevención de riesgos laborales en el Portal Adriano, la difusión del plan a todos los agentes involucrados, la creación de un repositorio de la documentación centralizada al tendrán acceso mediante el certificado digital los miembros de los delegados que formen parte de los comités provinciales, la creación de una plataforma de autoformación del personal funcionario y la elaboración de programas de formación propios y homologados a través del IAAP.
Desde SPJ-USO, entendemos que la Junta de Andalucía no debe limitarse a trasladar las solicitudes correspondientes al CPRL, e insistimos en dos cuestiones: 1.- En la mayoría de las Delegaciones aún no se han ofrecido estos reconocimientos médicos al personal de Justicia. 2.- Con independencia de la demora del CPRL a la hora de realizar estos reconocimientos, la obligatoriedad de garantizar y exhortar la realización de los mismos a su propio personal corresponde a la Consejería de Justicia.
– Solicitud de información sobre la vacunación frente al COVID-19 para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
Por parte del director general se nos informa que, hace dos semanas, ante el director de MUGEJU, la Junta de Andalucía interesó la vacunación del personal de Justicia y, subsidiariamente, la vacunación de, al menos, los servicios prioritarios, tal y como se prevé en el País Vasco, si bien la respuesta que se le dio es que dicho personal se vacunará conforme al calendario habitual por edad.
Desde SPJ-USO, seguimos sin entender la incongruencia a través de la cual el personal de Justicia, cuyo servicio es declarado como esencial desde los inicios de la pandemia, sigue sin estar incluido como sector prioritario de vacunación frente al COVID-19. Igualmente, entendemos que, dentro de la Administración de Justicia, se debiera priorizar al personal que presta su servicio con mayores cotas de atención al público, servicios tales como los REGISTROS CIVILES o JUZGADOS DE GUARDIA.
– Incidencias en el funcionamiento de los comités de seguridad y salud provinciales.
Desde SPJ-USO, ponemos de manifiesto que existen comités provinciales de seguridad y salud que no se están constituyendo con la periodicidad adecuada, como es el caso de Córdoba.
Por parte de la Administración, nos comunican que se instará a las delegaciones provinciales a que cumplan con la debida periodicidad los respectivos comités provinciales de seguridad y salud.
– Incidencias en las tareas de limpieza de los centros de trabajo.
Desde SPJ-USO, ponemos de manifiesto los diferentes problemas de limpieza acaecidos en distintos partidos judiciales tales como Posadas y Puente Genil.
Por parte de la Administración, se manifiesta que se están dando indicaciones en este sentido a las secretarías generales provinciales en el sentido de que se trasladen igualmente a los comités provinciales las incidencias de limpieza. Igualmente, se nos comunica que se recordará a las delegaciones provinciales el debido cumplimiento de los correspondientes pliegos de limpieza.
– Ruegos y preguntas.
Desde SPJ-USO, volvemos a insistir en que el informe preceptivo del LAJ en relación al teletrabajo debe de entenderse como positivo en caso de no emisión, recordando, además que el teletrabajo, aparte de ser un derecho, es una medida preventiva frente al COVID-19. Por parte de la Administración se nos confirma que dicho silencio por parte del LAJ debe entenderse como positivo y que así lo recordará a las distintas delegaciones provinciales.
Igualmente, interesamos que por parte de la Administración se nos informe acerca de si se han distribuido mascarillas con grafeno al personal de Justicia. Por parte de la Administración se pone en nuestro conocimiento que se ha procedido al control de las ffp2 que pudieran contener grafeno, las cuales, además, son identificables por su color gris interior, y que respecto de las quirúrgicas no existe partida con esta composición.
También interesamos, desde SPJ-USO, que se nos informe acerca del PLAN DE GUARDIAS DE LA COSTA. Por parte de la Administración se nos indica que se llevará a cabo en los mismos términos del año pasado.
COMITÉ SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 17,5,21
