CUANDO LA CÓLERA SALE DE MADRE
A la atención de las Sras. Dª Irene y Elisa González Ángel.
Muy señoras mías:
Las letras que a continuación les devuelvo lo son a modo de réplica y a cuenta de su pasado artículo de opinión en el Diario de Sevilla, publicado con fecha 31 de mayo de 2020: (https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/opinion)
Quien les escribe la presente es, entre otras muchas cosas, funcionario de Justicia. Y lo es, además, a mucha honra. Una profesión que, por mi parte y por la de muchos compañeros de camino, fue forjada vocacionalmente bajo las miras de quien se siente servidor de lo público. Un oficio tan digno como cualquier otro y que, dicho sea de paso, ni heredé, ni me tocó en una tómbola, ni me fue asignado por pertenecer a ningún club privado. Recuerden, además, que, en tiempos de bárbara alternancia política, de un lado o de otro, son los funcionarios los que, permaneciendo, dan estabilidad al sistema y consolidan las instituciones.
La simplicidad de sus quejas y el doble rasero con el que atacan de manera parcial, demagógica y sesgada a una parte del colectivo de trabajadores públicos que lo son de la Administración de Justicia llega ya al punto del hastío y la indiferencia. Sinceramente, invitan al silencio. Pero quizá, por ser hoy lunes y primero de mes, uno se siente con más ganas de decir algo.
En primer lugar, les invito a recordar la diferencia entre lo público y lo privado: sus despachos no son nuestras oficinas. Sus despachos, señoras letradas, emergen como un negocio propio donde ustedes gestionan sus propias condiciones de trabajo y, por lo tanto, de seguridad y prevención laboral, una facultad de disposición que, sin embargo, no está en manos del funcionariado a los fines de garantizar su seguridad laboral, sino en el tejado, ¡ay!, tan incierto de la gestión política.
También les recuerdo que las horas de más que ustedes echan en sus despachos lo son a cuenta de sus minutas y revierten en su propio y legítimo beneficio, si bien, por el contrario, las horas que los funcionarios de Justicia ceden de más a la Administración, horas de más que también las hay, lo son a cuenta de lo público, de ese justiciable que, en tantas ocasiones, viene a preguntar por lo suyo porque el abogado está, como Chuck Norris, “desaparecido en combate”, y siempre a los fines de dar aire al tremendo atasco judicial generado, seamos francos, no por la falta de trabajo del personal de Justicia, sino por unos presupuestos y dotaciones materiales decimonónicas con las que hemos de enfrentarnos al gran tsunami de la infinita casuística procesal que nos entra por registro.
Pero ya que meten ustedes a los perros en danzas, démosle algo de cuerda. Me apetecería, sin duda, preguntarles, señoras letradas, por qué la mayoría de los colegios profesionales de su cuerda ve con buenos ojos la toma de cualquier tipo de medida extraordinaria que compense el grandísimo y referido atasco judicial que, sobre atasco, se ha generado en la Administración de Justicia a cuenta del Covid-19 salvo, curiosamente, aquellas previsiones que, por ejemplo, perjudican directamente sus legítimas vacaciones del mes de agosto.
Y finalmente, no me puedo callar, pregunto: ¿es por miedo por lo que señalan e incriminan a los funcionarios judiciales y no a los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia? Entiendo el apuro que les puede generar sentirse señaladas por parte de la alta jerarquía de nuestra administración pero, si de verdad creen en su visión, échenle cara al órdago, sería lo justo, sería lo honesto.
Los funcionarios de Justicia queremos acudir a nuestras sedes judiciales al mismo ritmo y con las mismas garantías con las que los centros de servicio que ustedes refieren se van abriendo a la desescalada y a la ciudadanía, esto es, cuando las fases de la apertura sanitaria lo vayan permitiendo en cada una de las provincias. Pero nunca, desde luego, a un compás forzado e interesado, cocinado entre bambalinas por el Ministro de Justicia y sin las precisas garantías constitucionales que salvaguarda el debido diálogo social con las representaciones del colectivo. Una inaceptable e interesada inercia que también se ha visto auspiciada, sin ir más lejos, por los intereses del Consejo General de la Abogacía.
No olviden ustedes que los funcionarios de Justicia seguimos siendo, ante todo, ciudadanos y nuestra relación laboral está sujeta no sólo a obligaciones sino también a derechos, como la de cualquier otro colectivo.
Sujeten, pues, su demagógico interés desde una reflexión honesta y a puerta cerrada, mirándose al espejo, porque, como decía Cervantes, «cuando la cólera sale de madre, no tiene la lengua padre, ayo ni freno que la corrija».
SPJ-USO ANDALUCÍA
2ª fuerza sindical en representatividad
Web nacional: https://spj.facuso.es/
