LA SEGURIDAD SOCIAL SE HARÁ CARGO DE LA GESTIÓN DE NUESTRO RÉGIMEN DE JUBILACIÓN (CLASES PASIVAS)
De un plumazo, a golpe de Decreto, las competencias que venía ostentando el Ministerio de Hacienda pasan al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los motivos recogidos en el nuevo Decreto se ciñen a indicar que se trata de dar contenido a la estructura ministerial aprobada en la constitución del nuevo Gobierno, cuyo proceso se ha visto detenido por la crisis del COVID-19, que impide su tramitación parlamentaria. Pero lo cierto es que, más allá de una decisión de mera administración, la medida, que NO ALTERA EN ABSOLUTO NINGUNO DE LOS ASPECTOS ESENCIALES DEL RÉGIMEN JURÍDICO QUE TENEMOS ESTABLECIDO PARA NUESTRA JUBILACIÓN, supone, con todo, una modificación de normas con rango legal, cuya tramitación ordinaria ante las Cortes Generales, cuando las circunstancias lo permitieran, resultaba inexcusable.
SPJ-USO, ADEMÁS, CRITICA SEVERAMENTE LA MEDIDA POR HABERSE ADOPTADO AL MARGEN DE LOS PROCESOS DE CONSULTA Y NEGOCIACIÓN CON LOS REPRESENTANTES SINDICALES DEL PERSONAL.
Un nuevo Real Decreto ley, fechado el 21 de abril y publicado en el BOE del 22-4-20, contiene una disposición adicional (la sexta) de extraordinario calado, consistente en la atribución de las competencias de GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO (sistema de pensiones del funcionariado de Administración General, de Justicia y Militar), hasta ahora atribuidas a la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda (y para el ámbito de lo militar, la Dirección General correspondiente del Ministerio de Defensa) AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Lo curioso es que esta disposición se haya entremezclada con el paquete de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, y que, por lo demás, en la exposición de los motivos que han llevado a su adopción no se indique en forma alguna cómo podrá esta medida ayudar a la economía y el empleo, aspectos, por cierto, muy castigados por la actual crisis sanitaria;, que arrastra irremisiblemente quebrantos económicos y sociales de dolorosas proporciones.
Es cierto que, con ocasión de la formación del nuevo Gobierno, a mediados de enero de 2020, se habló en los medios de comunicación de que el nuevo Ministro de Seguridad Social concentraría la dirección única del sistema de pensiones, aunando, en el Instituto Nacional de Seguridad Social, las competencias para gestionar todas las prestaciones de jubilación y asimiladas, tanto las propias de los Regímenes de Seguridad Social, como las del Régimen de Clases Pasivas (las del funcionariado).
La justificación de esa propuesta la residenciaron en que el SISTEMA DE CLASES PASIVAS PRESENTA UN DÉFICIT CRECIENTE, porque cada año cuenta con menos aportaciones de trabajadores en activo y más beneficiarios, por jubilación, desde que en 2011 los nuevos funcionarios pasaran sus provisiones y haberes pasivos al Régimen General de la Seguridad Social. Y es que el de las Clases Pasivas del Estado representa un colectivo de jubilados/as que actualmente se compone de unos 656.000 perceptores, cuyas pensiones se han venido integrando hasta ahora en el presupuesto del Ministerio de Hacienda (unos 16 mil Millones de euros), frente a los casi diez millones de pensionistas que perciben su “nómina” del presupuesto de la Seguridad Social (unos 120 mil Millones de euros). El nuevo titular de la Cartera ministerial de Seguridad Social recalcó entonces que perseguía reforzar la solvencia y la suficiencia del sistema por medio de la concentración en un único órgano del poder de decisión sobre todas las pensiones.
También se dijo entonces que no se mezclarían los presupuestos de unas pensiones y otras, si bien finalmente se ha incluido en el Real Decreto Ley que comentamos la precisión de que el presupuesto de referencia será el de la Seguridad Social, y ahora efectivamente se dispone que el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos precisos para atender el sistema de clases pasivas.
EN CUALQUIER CASO, ESTAS MODIFICACIONES NO ALTERAN EN NADA EL CONTENIDO SUSTANTIVO DE LAS NORMAS QUE REGULAN NUESTRO RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS VIGENTE EN LA ACTUALIDAD. TAMPOCO SE HA ANUNCIADO EN NINGÚN MOMENTO POR EL GOBIERNO SU INTENCIÓN DE MODIFICAR DISPOSICIÓN ALGUNA SOBRE RECONOCIMIENTO, CUANTÍA, ABONO DE PRESTACIONES POR JUBILACIÓN, FORZOSA O VOLUNTARIA, POR EDAD O INCAPACIDAD, O CUALQUIER OTRO ASPECTO DE LOS QUE CONFIGURAN EL SISTEMA EN VIGOR.
En este sentido, respondemos al enorme desasosiego generado por las noticias que han circulado desde la publicación de las medidas adoptadas por el Gobierno, sin que se haya hecho el más mínimo intento por explicar su alcance, cosa exigible a cualquier sindicato.
Desde SPJ-USO estaremos vigilantes a que este cambio de gestión no comprometa nuestros derechos adquiridos en materia de pensiones. En todo caso, este cambio debería servir para mejorar nuestro sistema de pensiones, pues hay aspectos en los que es susceptible de mejorar, y mucho.
