Desprotección ante los riesgos, descoordinación administrativa y pugna de poderes.
El personal de la Administración de Justicia, como muchos colectivos de trabajadores y trabajadoras del sector público y del ámbito de lo privado, estamos padeciendo una enorme falta de previsión ante los riesgos y una constante improvisación a la hora de adoptar las medidas puestas en juego para hacer frente a la emergencia de esta cruda y persistente crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19.
A esto, no obstante, habría que sumar el lastre añadido que soporta nuestra situación laboral como consecuencia de la intervención de múltiples actores políticos en los procesos de toma de decisiones y gestión de respuestas ante la crisis, tanto en lo que se refiere al personal, como a los medios y tareas a cumplir en la Administración de Justicia de nuestro país.
Desde el primer momento, el Consejo General del Poder Judicial ha dejado bien claro que no responde a los intereses generales de ese conjunto de personas y medios que llamamos Administración de Justicia, sino más bien a parámetros propios de una corporación profesional, la de la judicatura, planteando decisiones muy alejadas de la realidad que se ha estado y se está viviendo en el día a día de todos y cada uno de los centros de trabajo de la Administración de Justicia.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y las Administraciones autonómicas con competencias en materia de Justicia (ambas instancias en calidad Administraciones prestacionales, según el territorio de que se trate), han tenido sus desavenencias y coincidencias con el órgano de gobierno de los jueces, dejando al descubierto, por otro lado, muchísima descoordinación entre sí.
En los centros de trabajo judiciales se ha sufrido un enorme desconcierto desde los primeros momentos de la declaración del estado de alarma por el Gobierno, el pasado 14 de marzo. La reacción de las Administraciones llegó tarde y de forma caótica y deficiente, mostrándose la ineficiencia hasta para realizar acciones tan básicas como la intensificación de las labores de limpieza y desinfección (que no requería otra cosa que emplear productos habituales, aunque con mayor frecuencia), por no mencionar la clamorosa carencia de toda clase de equipos de protección individual –Epis, en el argot al uso- (mascarillas, guantes…), que han ido llegando con cuenta gotas, e incluso, en muchas ocasiones, en estado defectuoso. Todavía hoy resulta un verdadero (e incomprensible) problema el mero reparto día a día al personal que es obligado a trabajar presencialmente; Epis que aún continúan brillando por su ausencia en muchas sedes judiciales, tanto para el personal funcionario, como para los profesionales y ciudadanía que han de acudir a los edificios judiciales.
A la vista de esta inaceptable precariedad en medios de prevención y seguridad laborales (algunos tan elementales como el jabón, gel hidroalcohólico, material higiénico desechable, mamparas…) y teniendo en cuenta la imposibilidad práctica de mantener distancias de seguridad interpersonales en las oficinas judiciales, las Administraciones prestacionales, ante la preocupante emergencia de casos de contagio detectados en las sedes judiciales, minimizaron la presencia del personal (unas de manera más responsable que otras) a partir del endurecimiento de las medidas de paralización de la actividad productiva y confinamiento aplicadas en el período transcurrido entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020.
Algunos Colegios de profesionales llegaron incluso a adoptar la decisión de que sus miembros no comparecieran en las sedes judiciales para atender servicios esenciales ante la manifiesta gravedad de la situación y el riesgo cierto e inminente que para sus colegiados suponía el afrontar una actividad presencial en las mismas, carentes como estaban de los más elementales recursos de seguridad preventiva.
Pues bien, todo esto ha sido contemplado con un sonrojante desdén por parte del CGPJ, y con una descoordinación e improvisación palpables de las Administraciones prestacionales, las cuales, en determinados casos, se han llegado a ver requeridas por aquel órgano de gobierno de jueces a aumentar la presencia de funcionarios/as en las sedes judiciales, a pesar de su clamorosa exposición a los graves riesgos de la pandemia que viene suponiendo el trabajo en las mismas, máxime durante el período álgido de propagación de los contagios.
El teletrabajo en la Administración de Justicia: debe ser negociado con los sindicatos.
Hasta el momento presente, la alternativa al trabajo presencial, el llamado teletrabajo, sólo se ha venido disponiendo en la Administración de Justicia en favor de los miembros de las carreras judicial y fiscal, la práctica totalidad de los cuales vienen realizando sus funciones en sus respectivos domicilios privados desde el comienzo de la crisis. En la actualidad, además, se ha ido poniendo a disposición de los miembros del Cuerpo de Letrados/as de la Administración de Justicia ordenadores portátiles con los que, asimismo, facilitar sus prestaciones en modo de teletrabajo.
Para el resto del personal funcionario, que son la inmensa mayoría, sólo desde el pasado 15 de abril, la Administración ha apelado a su adhesión voluntaria al teletrabajo, y lo hace así por falta de medios propios, pues, para hacerlo mínimamente viable, tiene que acudir a los equipos informáticos privados con los que cada funcionario/a pudiera contar en su casa (unos compatibles y otros no, con los requerimientos del sistema), sin que pueda arbitrar la entrega de portátiles propiedad de la Administración por falta de recursos.
Otro problema que se plantea a continuación es la elaboración de la infraestructura precisa para facilitar las conexiones que hagan posible el trabajo a distancia. Conexiones que, evidentemente, han de cumplir unos parámetros de seguridad y que, con las capacidades actuales del sistema, no darán de sí para acoger a un mismo tiempo el teletrabajo simultáneo de todos los funcionarios y funcionarias en situación de disponibilidad. Bien organizado y estructurado, el teletrabajo habría permitido mantener el pulso de la Administración de Justicia en situaciones tan difíciles como las actuales, sin necesidad de poner en riesgo a la inmensa mayor parte de las personas que la sirven. En esto, la Administración de Justicia lleva años de retraso en comparación con otras ramas de las Administraciones Públicas.
Por otro lado, las condiciones laborales en que el teletrabajo haya de ser prestado deben ser CONSULTADAS Y NEGOCIADAS CON LOS SINDICATOS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, que, hasta la fecha, han sido habitualmente ignorados en la determinación de las condiciones de su trabajo durante esta crisis, a pesar que estos procesos pueden cumplirse en forma telemática y no han sido suspendidos por las normas reguladoras del Estado de Alarma.
Plan de Actuación global para salir de una crisis sin precedentes
No hay que ser muy avispado para darse cuenta de que estamos ante una situación sin precedentes en la Administración de Justicia, y que, una vez se levanten las restricciones impuestas por el estado de alarma, la acumulación de asuntos y la sobrecarga de tareas y actuaciones que encontraremos, presentarán un volumen y perfiles no vistos hasta el presente.
Una situación así constituye una nueva emergencia nacional, que exigirá que todos los operadores tengan que poner esfuerzos en común, de una manera coordinada, hacia el objetivo de restaurar y el funcionamiento del servicio público de Justicia. A este fin se hace preciso componer y estructurar un ambicioso PLAN DE ACTUACIÓN, que no puede limitarse a los planteamientos hechos desde el CGPJ, pues gravitan inevitablemente en torno a las condiciones en que los jueces vayan a prestar su concreta labor.
La tarea requiere, en cambio, que el órgano de gobierno de los jueces sea capaz de confluir con las Administraciones prestacionales, y éstas entre sí y con el personal al servicio de la Administración de Justicia, con cuyos representantes deben negociar sus condiciones de trabajo, sin olvidar, por supuesto, la participación y el compromiso del resto de profesionales que intervienen en la dinámica de la Justicia. Exige, en definitiva, una altura de miras mayor que la demostrada hasta el momento, para que, ahora sí, de una vez por todas, se ordenen bien los esfuerzos personales y materiales hacia la gran tarea de restaurar la Justicia en todas sus dimensiones.
