Desde SPJ-USO hacemos un llamamiento a los compañeros y compañeras que trabajamos en la Administración de Justicia de Andalucía a seguir cumpliendo a partir de mañana día 13 de abril, las actuales disposiciones dictadas por la Administración de la Junta de Andalucía y que actualmente están en vigor, mientras se elabore un nuevo acto que apruebe la Consejería competente en el ámbito de Justicia para adaptar el régimen de presencia y disponibilidad del funcionariado judicial a la nueva fase de Estado de Alarma, que se ha prorrogado por virtud de resolución del Congreso de los Diputados, publicada en BOE de 11 de Abril de 2020.
Esperamos que la Consejería mencionada continúe la línea trazada hasta ahora, de favorecer sustancialmente la disponibilidad del funcionariado, con preferencia a los excesos de un arriesgado marco de presencialidad predispuesta para el mismo .
Tenemos que recordar a los compañeros/as que, hasta ahora, la Junta de Andalucía, a pesar de que no nos ha consultado antes de dictar sus instrucciones, ha tenido en cuenta muchas de las aportaciones hechas por SPJ-USO, en nuestra incansable tarea de elaboración y presentación de propuestas, solicitudes, reclamaciones y denuncias, como corresponde a nuestra condición de sindicato representativo del colectivo.
En cualquier caso, tenemos que esperar a que se pronuncie la Consejería, en orden a readaptar la situación a las disposiciones del vigente estado de alarma, una vez culminado su periodo más restrictivo: atender los servicios esenciales en pro de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y, al mismo tiempo, preservar al máximo al personal, eludiendo su presencia cuando fuera inútil en relación con los servicios esenciales que se deban realizar en cada momento.
Exigimos, por tanto, a la Junta de Andalucía que siga apostando por la disponibilidad del funcionariado de Justicia como condición mínima necesaria para asegurar su seguridad y salud laborales. Al mismo tiempo, reclamamos la inmediata reposición de los equipos de protección individual, para todo el personal que quede en régimen de presencia, así como para la ciudadanía que debe ser atendida en los edificios judiciales.
