El decanato de los jueces ve necesarios un nuevo órgano de Familia y otro de lo Social, mientras que el sindicato SPJ-USO cree «urgente» creación de seis órganos en la provincia
Cuando se cierra un año se suele hacer balance de lo que se ha hecho y de lo que no. Y si se hace balance de la creación de órganos judiciales en Granada en 2018, la realidad es bastante frustrante. Pese a que en algunas jurisdicciones la carga de trabajo aconseja desde hace tiempo la puesta en marcha de nuevos juzgados, no se ha dotado a la capital de ninguno. El único órgano que el Ministerio de Justicia puso en marcha en la provincia fue el cuarto mixto de Santa Fe. Y ello pese a que harían falta, en opinión del Decanato del Partido Judicial de Granada, al menos dos nuevos órganos en la ciudad: uno de Familia –actualmente hay dos y y un tercero que se ocupa de incapacidades e internamientos– y otro de lo Social –actualmente son siete–.
Así se lo ha hecho saber el Decanato del Partido Judicial de Granada, cuyas riendas lleva el magistrado Jesús Rodríguez Alcázar, al presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes, a través de un escrito fechado el pasado lunes y remitido ayer. En el informe, al que ha tenido acceso IDEAL, el juez decano detalla las necesidades personales y materiales de los órganos judiciales que dependen de su decanato y subraya, con especial énfasis, esa «falta de creación de juzgados» en la ciudad.
En el documento, el decano de los jueces reitera «la urgente necesidad» de que se ponga en marcha un juzgado de Primera Instancia especializado en Familia, pues «sólo la presencia de dos refuerzos en dichos juzgados están aliviando la situación», indica. Reclama así un nuevo órgano, con secretario –Letrado de la Administración de Justicia– y personal propio.
El volumen de asuntos justificaría la creación del otro nuevo órgano demandado: el de lo Social, una jurisdicción donde se dirimen los conflictos que surgen en el ámbito laboral, como pueden ser los despidos o las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. «Los números de entrada justifican la creación de incluso dos juzgados en esta jurisdicción», subraya el magistrado, a la vez que recuerda que los retrasos en la celebración de vistas son «preocupantes» en este ámbito, donde «la respuesta ágil es fundamental para los ciudadanos».
Rodríguez Alcázar manda un mensaje contundente: que Granada presenta un «déficit endémico» de órganos judiciales y un «absoluto olvido» en los últimos años que requiere de una solución ya.
Diagnóstico sindical
Por su parte, el sindicato mayoritario en Justicia en Granada, el SPJ-USO, eleva la cifra de órganos necesarios a seis si hablamos de toda la provincia. Así lo ha plasmado en un escrito dirigido a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en el que insta «a proceder a llevar a cabo las acciones pertinentes ante el Ministerio de Justicia» para que su petición no caiga en saco roto. El escrito del SPJ-USO está fechado el 23 de enero y lo firma el delegado Eloy Maza Padial, quien fundamenta con datos la necesidad de cada uno de los órganos que reclama.
De la media docena, tres serían para el Partido Judicial de Granada. Concretamente, el sindicato reclama el segundo juzgado de lo Mercantil –que en su día estuvo previsto pero finalmente quedó paralizado–, un juzgado de Primera Instancia y otro de lo Social.
En cualquier caso, también ve el SPJ-USO necesario otro órgano de Familia, dado el nivel de trabajo que tienen los órganos que llevan estos asuntos actualmente, que son los juzgados de Primera Instancia número 3, número 10 y número 16 (este último es el que sólo se ocupa de las incapacidades y los internamientos).
Los tres que se piden para la provincia son: un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Santa Fe –el quinto ya–, otro en Motril y otro en Loja, donde además el sindicato ve «imperiosamente necesario un Servicio Común de Partido Judicial».
Para sustentar su petición con cifras, el sindicato se remite a una Orden publicada el pasado 28 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE),a raíz de un acuerdo alcanzado entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –máximo órgano de gobierno de los jueces– y el Ministerio de Justicia para determinar cómo debe medirse la carga de trabajo de los juzgados. Con esa Orden, como explica, por primera vez se fija un criterio claro para ver cuándo hace falta realmente crear un nuevo juzgado. En ella se dispone así que «la creación de unidades judiciales precisará la superación del módulo en más de un 30% de media en los cinco años anteriores». El módulo marca el nivel de trabajo aceptable: fija el número de asuntos que debe corresponder a un juez cada año en cada jurisdicción. Si se supera, hay un volumen de trabajo por encima de lo establecido, y eso es lo que viene ocurriendo en las jurisdicciones que tanto el decanato como el SPJ-USO piden que sean reforzadas.
