SPJ-USO PRENSA. JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS IRÁN A LA HUELGA A MEDIADOS DE NOVIEMBRE. SPJ-USO CONVOCA HUELGA GENERAL Y PAROS. CAMPAÑA FIRMAS CONTRA EL ART 521 LOPJ, FIRMA

Los trabajadores públicos se rebelan contra el hecho de que podrán ser trasladados a cualquier juzgado del municipio y la judicatura pide más inversión en Justicia y medios

José Antonio Sau 06.11.2018 | 12:32

Las aguas bajan revueltas tanto para el Ejecutivo central que dirige Pedro Sánchez y el Gobierno, ahora en funciones, de Susana Díaz, al menos en el río judicial, acostumbrado a desbordarse poco a lo largo de la historia, pero revuelto desde 2009, en plena crisis. La judicatura convocó ayer huelga general para el 19 de noviembre por lo de siempre, su reivindicación histórica, exigir más medios materiales y humanos y un Pacto de Estado que sostenga una inversión anual prolongada. En Málaga y provincia hay en torno a 200 jueces y magistrados y alrededor de 80 fiscales. Los trabajadores, cerca de 2.000 en la provincia, se oponen a una proposición de Ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá su traslado a otros órganos dentro el mismo municipio por criterios relativos a carga de trabajo o necesidades del servicio.

Todas las asociaciones judiciales y fiscales del país hicieron el lunes un comunicado para recordar que ya en mayo fueron a la huelga general por el incumplimiento y falta de atención de quienes entonces eran los responsables «de los compromisos adquiridos» con ambas carreras. «Las movilizaciones fueron una respuesta al desprecio y dejadez de nuestros dirigentes hacia nuestras legítimas peticiones», sobre todo relativas a la mejora de la Justicia y de las condiciones profesionales.

El PSOE llegó luego al poder y ofrecieron a la nueva titular de Justicia colaboración y lealtad, pero estas condiciones no eran «una carta blanca» y subrayaron que sus peticiones seguían intactas. Unas vez expirados los plazos dados por ambas partes, «todo continúa igual, la Justicia sigue denostada, en el proyecto de presupuestos de 2019 nada hace indicar que las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten». Además, la constitución e la Mesa de Retribuciones «se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica, cuando, precisamente, debería ser lo contrario». Los jueces decanos, reunidos en Melilla, apoyaron estas pretensiones, por lo que ahora se ha retomado la senda de las protestas y medidas de presión para que «la Justicia alcance el papel que merece en un auténtico Estado de Derecho». Anuncian huelga para el 19 de noviembre y, si no son satisfechas sus reivindicaciones, convocarán nuevas movilizaciones.

En la última huelga general, celebrada el 22 de mayo, se suspendieron 500 juicios y fueron al paro general en torno a 200 jueces y fiscales de la capital. Las reivindicaciones locales son claras: 30 juzgados más para la ciudad y 15 fiscales más para la provincia, sobre todo para acometer el trabajo de los destacamentos de la Costa del Sol como Fuengirola, Vélez o Torrox, que sólo cuentan con cuatro acusadores. En la Audiencia, se piden más magistrados para las salas penales y civiles.

En cuanto a los funcionarios, en torno a 2.000 en la provincia, destaca el sindicato SPJ-USO en Málaga que la proposición de ley para modificar la LOPJ, ya aprobada en el Congreso y que va a pasar el oportuno trámite del Senado, supone una modificación de su artículo 521, «que acaba con cualquier concreción de nuestros destinos». «Así, se entenderá por centro de destino el conjunto de puestos que radicen en el mismo municipio», lo que supondrá, explican, que «la Administración podrá mover arbitrariamente a los funcionarios de Justicia y sin ningún tipo de restricción entre cualquier destino dentro el municipio, esto es movilidad, flexibilidad y arbitrariedad a la carta, sin más explicaciones que la consabida frase de ?necesidades del servicio».

Consideran este ataque brutal contra la concreción y seguridad de los destinos y advierten de otras modificaciones muy perjudiciales: «La adscripción de jueces de refuerzo no conllevará, por ley, el aumento de funcionarios, es decir, la misma plantilla tendrá que realizar el doble de trabajo, en muchos casos; sólo se sustituirán las plazas ocupadas por titulares y no por interinos. Esto en determinados destinos en los que la plantilla es mayoritariamente interina producirá el colapso de los órganos afectados; el personal de refuerzo interino será cesado en un plazo máximo de seis meses, aun cuando persistan las causas que motivaron su nombramiento; por último –subrayan– no se modifica el artículo 504 de la ley, que es la que regula el descuento salarial durante la IT, descuento que sí ha sido eliminado de la normativa del resto» de la Administración.

La convocatoria parte de todos los sindicatos, aunque diferencias entre estos y SPJ-USO. «Desde la Ejecutiva Estatal de SPJ-USO se han dirigido escritos a los responsables de otros sindicatos para promover un frente común, no sólo con nosotros, sino con todos los sindicatos representados». La respuesta, explican en la nota de prensa, «sólo ha venido de la mano de uno de ellos en el sentido de que previamente a ello, desde SPJ-USO, teníamos que retirar las críticas que realizamos contra la actuación que dichos sindicatos tuvieron en 2009 al facilitar la primera gran modificación del artículo 521″.

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