Los funcionarios llevan dos meses sin notificar sentencias penales ni comunican los embargos de bienes y cuentas corrientes de los deudores de créditos de la banca
Desde hace dos meses, los tribunales de Vigo están paralizados. Aunque los jueces han resuelto las sentencias que tenían sobre la mesa y firmado la condena a delincuentes, los funcionarios judiciales no notifican las resoluciones sino son servicio mínimo. Un atracador o un ladrón de viviendas pueden seguir en la calle a la espera de que termine la huelga y los empleados comiencen a notificar las condenas. El parón ha dado un balón de oxígeno a 200 condenados por delitos y 47 morosos con orden de embargo que, si no hubiese huelga, habrían recibido ya su castigo o estarían sentados en el banquillo.
Los abogados ignoran oficialmente la suerte de su cliente, si ha sido absuelto o condenado o si debe ingresar en prisión. Y una vez que termine el paro, se producirá un atasco con una avalancha de sentencias por cursar.
Al menos, hay 133 acusados de delitos penales en Vigo que desconocen lo que ha decidido la jueza. Otros ven como su juicio se aplaza varias veces por el paro.
Los beneficiados por esta demora son principalmente personas procesadas por lesiones y maltratos, ya que es el tipo de juicio penal más común en Vigo. En un trimestre normal, hay 67 vistas de este tipo. Le siguen casi una treintena de casos por quebrantar órdenes de alejamiento o incumplir trabajos sociales, ladrones que perpetran robos con fuerza, estafadores de Internet y autores de palizas en el hogar. A ellos se suman casi una veintena de conductores ebrios o sin carné, alborotadores, descuideros de tiendas e hipermercados, atracadores, falsificadores y vándalos. El paro también retrasa castigos a abusadores sexuales, dueños de chalés con obras ilegales y traficantes de marihuana.
La clave está en que los funcionarios no notifican las órdenes judiciales si no son servicio mínimo. El Servicio Común pasó de ejecutar 5.380 oficios judiciales en el primer trimestre del 2017 a solo 2.542 este año. En dos meses, hay 2.838 escritos congelados que ordenaban ejecutar los pagos de indemnizaciones o pensiones, embargar a deudores por impago de créditos, desalojar a inquilinos morosos y otras resoluciones. En tres meses, solo se cursaron 47 embargos y 100 desahucios, un tercio de lo habitual.
«LOS JUECES NO PUEDEN ENVIAR SUS OFICIOS A HACIENDA PARA RETENER LA DEVOLUCIÓN FISCAL»
El letrado judicial del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, Fernando Valera, explica que los embargos se realizan a empresas que no van bien y a particulares que dejan de pagar sus créditos a los bancos. La mayor parte de estas requisas de bienes y cuentas corrientes son a deudores de la banca en Vigo. También afectan a consumidores de suministros de productos de hostelería. A causa del paro, en este trimestre, se ordenaron 47 embargos frente a los 142 de hace un año. Los decomisos incluyen coches nuevos porque los viejos se descartan al no tener ningún valor en las subastas. Otra fuente de ingresos es la requisa de pisos, solares y trasteros, salvo que estén hipotecados porque nadie puja por inmuebles con cargas. También se ordena localizar e intervenir cuentas corrientes de los morosos así como retirar las devoluciones fiscales de Hacienda.
Varela subraya que, debido a la huelga, «este año no se pueden requisar las devoluciones de Hacienda porque los oficios de los jueces no se envían a la Agencia Tributaria». Por ello, con el inicio de la campaña fiscal, un moroso puede haber recibido en estos meses un ingreso de Hacienda pero el juzgado no se lo puede retirar porque los inspectores fiscales no recibieron el oficio con tal orden. «Lo mismo pasa con los bancos, no bloquean ni retienen el dinero de la cuenta sin una orden judicial y si los funcionarios no se lo comunican, el capital sigue ahí», comenta Varela.
Así, un juez pudo ordenar en marzo bloquear una cuenta con saldo positivo pero el banco no tiene comunicación y el deudor puede gastar en abril ese capital.
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