Los órganos de Granada que presentan una mayor sobrecarga de trabajo son los de Primera Instancia, Social y Familia
YENALIA HUERTASGranada
Los juzgados que mayor carga de trabajo soportan en la capital son los 15 de Primera Instancia, los tres de Familia -que son de Primera Instancia también pero están especializados en esta materia- y los siete de lo Social. Entre todos, registraron el año pasado un total de 43.005 asuntos, frente a los 30.661 con los que cerraron 2016, lo que supone un incremento global del 40,26%. Luego está el juzgado de lo Mercantil, en el que aunque el ingreso de asuntos no esté siendo extraordinario, arrastra, como resalta el Decanato del Partido Judicial de Granada, un «atasco» considerable de asuntos pendientes debido a la etapa en la que le eran derivados litigios que ahora conocen otros órganos, en especial las demandas por cláusulas suelo.
Las cifras que maneja el decanato hablan por sí solas y son el mejor aval para la reivindicación que hizo la Junta General de Jueces de Granada hace escasos meses: que se creasen de forma urgente al menos cinco juzgados más. En concreto, harían falta uno de Primera Instancia, uno de Familia, dos de lo Social y el segundo de lo Mercantil. Este último se quedó sin crear el año pasado en contra de las previsiones.
Si se ponen en relación los datos correspondientes a 2017 con los del año anterior, que vienen recogidos en la Memoria del TSJA, el mayor incremento de trabajo dentro de las tres jurisdicciones más saturadas se produjo en los juzgados de Primera Instancia, pues frente a los 18.312 asuntos que registraron en 2016, el año pasado contabilizaron 31.051; esto es un 69.56% más. Gran parte de culpa la tienen las demandas por cláusulas suelo, pues fue uno de estos órganos -el Primera Instancia número 9 bis- el elegido para asumirlas durante el primer año de funcionamiento del plan diseñado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para atajar el aluvión de pleitos contra los bancos y cajas.
El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, lo confirma: el órgano más atascado en la actualidad en Granada es, al igual que ocurre en otras ciudades, ese juzgado especializado en cláusulas suelo. Se trata, como recuerda, de un órgano saturado desde que el máximo órgano de gobierno de los jueces acordó atribuir a un sólo juzgado de cada ciudad estos asuntos, «una decisión a todas luces errónea y que va a provocar un enorme perjuicio a los ciudadanos atendiendo a los retrasos que se van a producir». Según advierte, los ciudadanos van a tener que esperar «años» para ver resuelta su demanda, «algo que sólo va a beneficiar a medio plazo a las entidades bancarias, es un absoluto despropósito».
Para el sindicato mayoritario en Justicia, el SPJ-USO, es «incomprensible» que en Granada, con un nivel de pendencia y entrada de asuntos similar a otras provincias, no se haya creado un nuevo juzgado de Primera Instancia para atender sólo las cláusulas suelo. Los datos, a su juicio, justifican de sobra su necesidad, pues desde junio a diciembre de 2017 tuvieron entrada 4.300 demandas y sólo en las tres primeras semanas del pasado mes de enero entraron 516 demandas, según el delegado del SPJ-USO Antonio García. Este recuerda que el Juzgado de Primera Instancia 9, que asumirá este año en exclusiva la materia, «lleva además 300 procedimientos de otras materias en trámite y 1.500 ejecuciones vivas».
«Retraso crónico»
Aparte de referirse a esta situación creada por el CGPJ y que tilda de «anómala», el decano admite que ahora mismo existe una sobrecarga «muy importante» en los tres juzgados de Familia y en la Jurisdicción Social. «Es urgente – considera- la creación de un nuevo juzgado que se especialice en Familia y descargue algo a los tres ya existentes», que son el 3, el 10 y el 16. Estos juzgados además padecen un retraso «crónico» en la emisión de los informes por parte de los equipos psicosociales, un problema que aún no se ha solventado, pues sigue habiendo, según revela, retrasos de más de un año. «El perjuicio es muy importante para una familia que atraviesa una situación de crisis, y que necesita cuanto antes conocer cuáles son las medidas vigentes en materia de guarda y custodia, visitas, alimentos de los menores, etc.», destaca.
La jurisdicción Social lleva igualmente tiempo afectada por la situación de crisis -los despidos han dado mucho trabajo a los jueces en los últimos años- y actualmente, pese a la mejoría económica, mantiene niveles de entrada de asuntos similares a los últimos años, según revela el decano, que además lleva las riendas del juzgado de lo Social 1 de la capital. «El volumen de nuevos procedimientos no puede ser absorbido por los juzgados, lo que provoca que se hayan ido incrementando los tiempos de espera para celebración de juicios, en una materia que es también muy sensible, pues afecta a despidos, reclamaciones de trabajadores, incapacidades, desempleo…». En este punto, como advierte, en muchas ocasiones se trata de ciudadanos que están esperando una resolución para una pensión, una prestación de desempleo o una indemnización, «y mientras tanto puede ocurrir que carezcan de cualquier ingreso».
Sobre el juzgado de lo Mercantil, existe una magistrada de refuerzo, pero viene arrastrando «el enorme volumen de asuntos que ha recibido en los últimos años», lo que hace que también se encuentre «bastante saturado» y que tenga que pasar tiempo para poder regularizarse.
Para el decano de los jueces de Granada es «inexplicable» que el Ministerio de Justicia no haya incluido en su último decreto para la creación de órgano ninguno para Granada, mientras que otras ciudades con cargas de trabajo similares o inferiores sí han tenido nuevos órganos. «La decisión de no crear Juzgados en Granada sólo puede tener un origen político en el sentido de favorecer a unas ciudades por encima de otras, porque con criterios técnicos y de cargas de trabajo no tiene sentido», opina.
De los nuevos órganos que los jueces reclaman ahora, tres -uno de Primera Instancia, el segundo Mercantil y uno de lo Social- ya los pidió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla en su memoria de 2016. El alto tribunal planteaba entonces también la creación de otro juzgado de lo Penal, que sigue reivindicando el SPJ-USO. En esa jurisdicción, «el atasco está básicamente en las ejecutorias -ejecución de sentencias- y en la inmediatez de los procedimientos que tramitan, donde se discuten cuestiones prioritarias como las situaciones personales de ciudadanos», explica García.
Lo cierto es que, a falta de nuevos juzgados, se han ido articulando medidas de refuerzo, pero los jueces consideran que no son suficientes. «La única alternativa para mejorar la situación es crear nuevos órganos. Aparte seguimos esperando que en algún momento el poder político afronte las reformas necesarias para modernizar la Justicia, pero es evidente que esto para ese poder político no es una prioridad», recalca el decano.
La sobrecarga de trabajo, como en cualquier empleado, tiene efectos negativos en la salud de los jueces. Muchos sufren «estrés y ansiedad», algo lógico cuando se tienen que celebrar muchos juicios y, por ende, poner muchas sentencias, más de los módulos que establece el propio CGPJ. Algunos incluso tienen el doble del trabajo que se considera razonable. «Es habitual que los Jueces nos llevemos a casa sentencias y que se trabaje por la tarde y fines de semana», subraya Rodríguez Alcázar, para resaltar el esfuerzo que realizan sus compañeros, aparte de los letrados de la Administración de Justicia -los antes llamados secretarios- y, por supuesto, los funcionarios. Estos últimos también están agobiados en esas jurisdicciones y, según García, cada vez que un funcionario puede «escapar» de ellas vía concurso de traslados o comisiones de servicios, no duda en hacerlo.
A día de hoy, el partido judicial de Granada, que abarca la capital y parte del Área Metropolitana, cuenta con 51 juzgados. El número, en opinión de los jueces, «objetivamente debería ser mucho mayor». Por lo pronto, para este año está ya previsto para la provincia el cuarto juzgado mixto de Santa Fe, donde también existe una saturación considerable. Para el SPJ-USO, en el resto de la provincia sería necesario, aparte de que se ponga en marcha de una vez el órgano santaferino, un nuevo juzgado mixto en Loja y los Servicios Comunes de Loja, Almuñécar y Órgiva. También ve necesaria «la adscripción de fiscalía permanente en Santa Fe y Loja, del mismo modo que existe en la zona norte para Baza y Guadix».
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