El presidente de la Xunta entiende que los funcionarios están deseosos por echar el cerrojo de una vez al conflicto de la Justicia. Yel motivo que lleva a Alberto Núñez Feijóo a esta conclusión no es otro que el resultado de las votaciones celebradas el pasado miércoles, en las que un 65,8% de los trabajadores reclamaron a los sindicatos que rebajaran sus pretensiones salariales.
El escrutinio dio un espaldarazo a las posiciones de la administración. Con su voto, los huelguistas trasladaron al comité de huelga que los 190 euros de incremento que venían exigiendo desde hacía semanas tenía que dejar de ser la «postura mínima obligatoria», e intentar así un nuevo acercamiento con el Gobierno. Pero para el jefe del Ejecutivo autonómico significó además un aviso «inequívoco» de que los funcionarios «dijeron sí» al acuerdo que la Xunta les puso encima de la mesa en la última intentona negociadora. Entonces, los portavoces de Vicepresidencia ofrecieron un aumento retributivo de 133 euros para los gestores, 108 euros para los tramitadores y 105 para los cuerpos de auxilio. E incluyeron una novedad: una cláusula para garantizar que los funcionarios gallegos estén siempre por encima de la media respecto a sus compañeros del resto de España. Era la octava oferta al alza realizada por la Xunta. Y el octavo ‘no’ consecutivo del comité.
Ahora, con los resultados de las urnas en la mano, el escenario cambia.«Espero que las organizaciones sindicales entiendan el mensaje de los trabajadores», ahondó Feijóo, quien aprovechó para agradecer al personal de la Justicia una muestra «abrumadora» de responsabilidad.
En la misma dirección se manifestó su número dos. El vicepresidente Alfonso Rueda aseguró este jueves que los representantes del comité recibieron un «toque de atención» por la rigidez de sus posturas, y alertó de que las futuras conversaciones iban a dejar de convertirse en una «subasta infinita» en la que los portavoces sindicales «van bajando» sus exigencias y la Xunta, «que negocia con dinero público», tiene que «ir subiendo».
Precisamente este jueves los representantes de los funcionarios pidieron por escrito una reunión, el próximo lunes a las 11.00 horas, para seguir puliendo aristas. La respuesta del Gobierno gallego, por su parte, fue un sí condicional: aceptó celebrar la cita siempre y cuando no se aborde el debate sobre las subidas de los salarios. En ese aspecto, se ha tocado techo. «Hubo quince reuniones con los sindicatos, ocho propuestas de subida salarial, el cumplimiento con creces del acuerdo parlamentario, la aplicación de las subidas ya en el año 2018 y la elaboración de las tablas comparativas bajo los criterios de los propios sindicatos», comentan fuentes de Vicepresidencia consultada por Efe.
Además, a ello habría que añadir los acuerdos firmados en Madrid por el Ministerio de Hacienda para incrementar a partir de un 6% la renta de los todos los trabajadores públicos durante los próximos tres años.
No a las «limosnas»
El laberinto, mientras, continúa. Y el prisma con el que los sindicatos analizan los resultados es totalmente opuesto al deFeijoo y Rueda. El presidente del comité, Manuel Tejada, siente que su labor al frente del grupo sigue igual de reforzada que antes, y cree que las votaciones no sirvieron tanto para reprobar la acción sindical como para confirmar que todavía existe «margen de maniobra» en las negociaciones. «No significa aceptar la propuesta de la Xunta», aclara Tejada en conversación con este diario.
De igual modo opina Nilo Fernández, portavoz de USO-Justicia, quien cree que las movilizaciones de los últimos días de los trabajadores «dan fuerza» para intentar buscar una salida. «Lucharemos por responsabilidad», proclama, aunque sin cerrar del todo la puerta a que las organizaciones moderen sus demandas. «Si (la subida) no es de 190, podrá ser 189 o 180, pero en cualquier caso no quiere decir que sea una bajada de pantalones», agrega. «Después de 44 días no vamos a aceptar limosnas».
