Cuando arrancó hace año y medio su tercer mandato proclamando entre gaiteiros el fin de la recesión y reintegrándose a sí mismo y a sus consejeros el 7% de sueldo cercenado por la tijera de la austeridad, el popular Alberto Núñez Feijóo no imaginó que los funcionarios de Justicia se alzarían para pedir lo mismo. Los trabajadores de los juzgados gallegos llevan ya 11 días de huelga indefinida exigiendo que se les devuelva parte de lo que han perdido con la crisis, tras ver cómo desde 2013 menguaba su salario un 20% y desaparecían a su alrededor un centenar de plazas, cuentan sus representantes. Galicia es la única comunidad, lamentan, que redujo la parte autonómica del sueldo de los empleados judiciales.

El duro pulso entre la Xunta y los 2.700 empleados judiciales con menores salarios (todos aquellos que no son jueces, fiscales o letrados judiciales) mantiene al ralentí la achacosa maquinaria de la Justicia. En estos 11 días hábiles los siete sindicatos convocantes calculan que se han suspendido en Galicia, tirando por lo bajo, más de 6.000 juicios y 20.000 trámites, mientras el Gobierno gallego lo reduce a unas 3.000 vistas. Solo se celebran los juicios considerados urgentes, no se ejecutan sentencias y en los registros civiles únicamente se expiden certificados de defunción, nada de fes de vida o partidas de nacimiento, papeles necesarios, por ejemplo, para casarse y divorciarse.

“Va a haber un colapso generalizado en la justicia gallega, pero la huelga es un derecho fundamental”, subraya la juez Sandra Piñeiro, coordinadora en Galicia de Juezas y Jueces para la Democracia y titular del juzgado de instrucción número 2 de Lugo, quien admite que será “complicado” remontar esta acumulación extraordinaria de casos pendientes con “recursos tan escasos” como los actuales. Las demoras que conlleva la protesta suponen una “lesión de derechos”, añade Piñeiro, para los imputados y víctimas de los casos penales y para los trabajadores que esperan un juicio por despido, además de un “perjuicio” para los abogados que no cobran hasta que finaliza un procedimiento. Pero al mismo tiempo, incide, la huelga es la herramienta de la que disponen los ciudadanos para realizar sus “reivindicaciones de clase”: “Estamos ante una situación complicada, ante un conflicto de derechos”.

Los plazos establecidos recientemente por ley para las instrucciones judiciales agravan el problema. La huelga no es uno de los motivos recogidos para justificar la prórroga de un procedimiento más allá de los seis meses máximos y la carga de trabajo en los juzgados es descomunal incluso cuando no hay protestas. “La Xunta está intentando poner a la ciudadanía en nuestra contra por la parálisis en procedimientos y trámites, pero es mentira que solo pidamos una subida salarial. De los cinco puntos [de demandas], dos reclaman plantillas que puedan atender las necesidades reales y hacer que los juzgados den una respuesta adecuada a los ciudadanos”, señala Javier Fernández, del sindicato CUT-Alternativas na Xustiza.

Los trabajadores reclaman una subida progresiva de sus sueldos de entre un 12% y un 16% entre 2018 y 2020 (225 euros al mes), que no se les recorte el salario un 50% en los primeros tres días de baja por enfermedad (Galicia es la única comunidad que lo hace y no afecta ni a jueces ni a fiscales ni a letrados judiciales) y que se recuperen 106 plazas suprimidas en los últimos años. También demandan que los funcionarios que sustituyan a un compañero de categoría superior sean remunerados por ello, algo en lo que la comunidad gallega también es una excepción. “En mi propio juzgado tengo a una persona que es auxilio judicial pero hace tareas de tramitación y no cobra por ellas”, ilustra la juez Piñeiro.

Todo apunta a que la protesta tendrá graves consecuencias en el sistema judicial de Galicia, pero las intensas negociaciones de los últimos días no han propiciado un acercamiento de posturas. En los contactos ni siquiera se ha implicado directamente el consejero de Xustiza y vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, pese a que así lo piden los representantes de los trabajadores. Rueda considera que las demandas son “inasumibles” y que la última subida salarial ofrecida por la Xunta y que no llega ni a la tercera parte de lo reclamado (entre 68 y 90 euros mensuales que se aumentarían progresivamente entre 2019 y 2020) “no va a variar por mucho que pasen los días». «Esto no es ningún pulso, ningún toma y daca; estamos hablando de recursos públicos y la Xunta los tiene que administrar con racionalidad y responsabilidad», ha asegurado el número dosde Feijóo.

Al grito de “auxilio judicial” grupos de trabajadores en huelga han protestado estos días contra la celebración de juicios que no están incluidos en los servicios mínimos, sostienen, en algunos casos porque no afectan a personas encarceladas. Las centrales anuncian que denunciarán a los titulares de estos juzgados ante la Inspección de Trabajo y ante los tribunales por “atentar contra el derecho de huelga”.

Sobre estos actos de protesta, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia difundió el pasado viernes un escueto acuerdo de su sala de gobierno con reproches a los huelguistas. Señalaba que el «debido ejercicio» del derecho a la huelga «es incompatible con la realización en las dependencias judiciales de actos destinados a impedir o alterar el ejercicio de la función jurisdiccional». «Haría bien [el TSXG] en hacer saber al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que, de no resolverse el conflicto, en Galicia se estará paralizando uno de los tres poderes del Estado», le ha respondido UGT.

El comité de huelga hace un llamamiento a la resistencia: “Los trabajadores están perdiendo mucho dinero y la Xunta está jugando al desgaste, el objetivo es doblegarnos como sea. En una reunión nos han llegado a decir textualmente que el que no esté contento que se vaya a otra comunidad y que estamos convirtiendo Galicia en Venezuela».

Fuente: elpais.com