El Defensor del Pueblo denuncia en su Informe Anual 2015, las recurrentes situaciones de retraso de la Justicia frente a los que —dice— «no se encuentra solución». En su opinión, no se están adoptan «medidas conjuntas de suficiente entidad para solucionar los problemas detectados».
Por ello, la institución precisa que formuló una recomendación a la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia para que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado se contemplase una partida presupuestaria de suficiente entidad, tanto de medios personales como materiales, para solucionar «la endémica situación» en la que se encuentran diferentes juzgados.
Asegura que el número de quejas recibidas relativas al derecho fundamental a un proceso ‘sin dilaciones indebidas’ son síntoma de «problemas estructurales» y una excesiva carga de trabajo en la mayoría de los casos. Los retrasos afectan no solo a la persona que se ha dirigido al Defensor del Pueblo, sino a la totalidad de quienes presentan demanda o recurso en el órgano judicial de que se trate, agrega.
