Mañana finaliza el plazo de presentación de instancias del concurso de traslados 2024-2 y, a estas alturas, ni la Viceconsejería de Justicia ni el Ministerio han dado una sola explicación sobre la evidente incongruencia entre la numeración de las plazas ofertadas y las que deben constar en las RPTS.
Esta falta de respuesta no es un simple descuido: es una muestra más de la descoordinación, la opacidad y la absoluta falta de rigor con la que se está gestionando un proceso tan sensible para miles de funcionarios.
Una vez más, queda demostrado que la llamada “paz social” no es más que un eslogan vacío. SPJ-USO ha sido el único sindicato que ha detectado el error, lo ha señalado públicamente y ha exigido aclaraciones inmediatas, mientras que otros han optado por mirar hacia otro lado. Resulta inaceptable que, en un procedimiento tan relevante, nadie salvo nosotros haya mostrado la mínima preocupación por la transparencia y la legalidad de las plazas ofertadas.
Mientras tanto, el Ministerio sigue actuando con total arbitrariedad, haciendo y deshaciendo a su antojo con el consentimiento tácito de la mayoría sindical, que una vez más renuncia a defender los intereses de los trabajadores. El resultado es evidente: los funcionarios de Justicia vuelven a ser los grandes perjudicados, soportando errores, retrasos y decisiones improvisadas que afectan directamente a su futuro profesional y personal.
Desde SPJ-USO no vamos a normalizar esta forma de actuar ni vamos a permitir que se siga despreciando la seriedad que exige un concurso de traslados. Exigimos transparencia real, explicaciones inmediatas y la corrección de las plazas conforme a las RPTS, porque los derechos de los funcionarios no pueden seguir dependiendo de la improvisación y la complacencia de unos pocos.
Desde SPJ-USO reiteramos nuestra postura firme e inequívoca:
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Exigimos transparencia total en la gestión del concurso.
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Reclamamos una respuesta inmediata sobre las incongruencias detectadas.
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Solicitamos la revisión y corrección urgente de la numeración de las plazas para garantizar la legalidad, claridad y equidad del proceso.
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Defendemos una gestión administrativa rigurosa, que respete escrupulosamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras del ámbito de Justicia.
