Desde SPJ-USO, ponemos en vuestro conocimiento que se confirma la intención del MINISTERIO DE JUSTICIA de AUMENTAR LAS DOTACIONES PRESENCIALES EN LAS OFICINAS JUDICIALES DE MANERA PROGRESIVA Y ESCALONADA a través de un proceso cuyas FASES y PORCENTAJES DE PRESENCIA pretende articular de manera FLEXIBLE en tanto en cuanto lo vaya permitiendo la evolución de la coyuntura sanitaria.
EN CUALQUIER CASO, DICHO PLAN DEL MINISTERIO PRECISARÁ DE SU ACOPLAMIENTO EN CADA TERRITORIO TRANSFERIDO UNA VEZ QUE SE PRODUZCAN LAS NEGOCIACIONES EN LAS RESPECTIVAS MESAS SECTORIALES TERRITORIALES DE JUSTICIA, negociaciones que las correspondientes administraciones deberán de llevar a cabo necesariamente con los legítimos representantes del personal de Justicia y que tendrán lugar con carácter previo a la ejecución de cualquier fase de aumento de la presencialidad o a la implantación de los turnos de tarde.
Es por ello que, MIENTRAS NO SE ESTABLEZCA UN RÉGIMEN DISTINTO DE PRESENCIA EN LOS JUZGADOS DEBEMOS ATENERNOS AL QUE AHORA MISMO ESTÁ EN VIGOR.
Dicho lo cual, y según el MINISTERIO DE JUSTICIA, las FASES que propone, dejando también a salvo, una vez más, lo que pudieran disponer las autoridades sanitarias conforme al estado de la situación, se configuran del siguiente modo:
– PRIMERA FASE: a partir del día 11 de MAYO se tenderá a incrementar la presencialidad del personal de Justicia en las oficinas judiciales del 10% actual a un 33%, aproximadamente, iniciándose en este tramo los turnos de tarde con algo menos de la mitad de la plantilla diaria presente en los mismos. Desde SPJ-USO, no le vemos mucho sentido a que haya 2 personas por la mañana y 1 por la tarde, por ejemplo, cuando es obvio que en la mayoría de juzgados podrán estar 3 personas simultáneamente por la mañana, y respectando la distancia de seguridad. En este punto nos consta que muchas comunidades autónomas han puesto reparos también, porque no ven justificado el gasto que este turno de tarde va a conllevar (vigilancia, limpieza, electricidad) ni su beneficio
RESPECTO DE LOS TURNOS se pretende que sean voluntarios, pero claro, donde no haya voluntarios habrá que recurrir a la rotación. Respecto de la proporción, el Ministerio pretende que durante las distintas fases sean de un 60 % de la plantilla por la mañana y un 40 % por la tarde, aproximadamente.
SPJ-USO exige que la adscripción a posibles turnos de trabajo esté estrictamente justificada en la salvaguarda de la distancia interpersonal y el resto de medidas de seguridad establecidas, y que el único criterio de adscripción a dichos turnos sea el voluntario, a petición de los funcionarios y funcionarias afectados, después de que se determine el aforo máximo de personas compatible con el mantenimiento de las medidas de seguridad en cada órgano o servicio.
SPJ-USO entiende asimismo que, en esta fase inicial, el aumento de la presencialidad ha de ser prudente y moderado, por debajo del 33% preconizado desde el Ministerio de Justicia, y acorde con las circunstancias imperantes de persistencia de la gravedad e inminencia del riesgo, así como por la carencia de un Plan de Evaluación de Riesgos y de una planificación que garantice el suministro generalizado (personal presencial, público y profesionales) de EPIs y la realización de pruebas diagnósticas (Tests covid-19), comenzando por los funcionarios/as con mayor exposición al riesgo.
SPJ-USO insiste en el desarrollo efectivo por parte de la Administración del teletrabajo voluntario, tras la negociación urgente de sus condiciones laborales con los representantes sindicales del personal.
– SEGUNDA FASE: su fecha de inicio dependerá, nuevamente, de la evolución de la situación sanitaria y del Estado de Alarma, incrementándose las dotaciones presenciales hasta alcanzar el 66% de la plantilla, aproximadamente.
SPJ-USO entiende que, en cuanto al cupo de presencialidad, las previsiones deben hacerse depender exclusivamente del análisis de las circunstancias que imperen en el momento de alcanzar la denominada “segunda fase”, sin establecer de antemano dotaciones presenciales en porcentajes rígidos, exigiéndose, siempre que se aumenten dichas dotaciones, la realización previa de la correspondiente Evaluación de Riesgos. Lo principal es que los centros de trabajo judiciales constituyan en cada momento lugares seguros.
– TERCERA FASE: al igual que la anterior, su inicio está supeditado al contexto sanitario, si bien ésta se mantendrá hasta que concluya el estado de alarma. El incremento de las dotaciones presenciales ascenderá, según las circunstancias, quedando la plantilla entre un 75% y un 100%.
Desde SPJ-USO, al igual que hemos indicado anteriormente, entendemos precipitado y fuera de lugar el establecimiento a priori de un nuevo cupo de presencialidad, cuya efectividad ha de estar condicionada a las circunstancias que se vivan en el momento y a los resultados de la pertinente Evaluación de Riesgos.
– FASE FINAL: todo este proceso culminará (una vez más hecha la salvedad de lo que en su momento dispongan sobre la situación, las autoridades sanitarias) con la finalización del estado de alarma y la incorporación plena de toda la plantilla en el turno de mañana.
No se han dado fechas concretas para el inicio de las fases 2, 3 y final, si bien es posible que coincidan con las fases establecidas por el Ministerio de Sanidad a nivel general
Desde SPJ-USO insistimos en que cualquier tipo de medida que pueda afectar a los derechos y garantías del personal de Justicia habrá de plantearse desde el correspondiente DIÁLOGO SOCIAL CON LOS INTERLOCUTORES SINDICALES y, por supuesto, ni que decir tiene que cualquier decisión que se articule en torno a la presencialidad deberá de salvaguardar todas las garantías de prevención de riesgos y salud laboral.
EN RELACIÓN A LOS PLAZOS PROCESALES: Durante la primera fase se anunciaría en el BOE la alzada de la suspensión de los plazos procesales, fecha que acontecerá durante la segunda fase.
